El año que pasó había iniciado con el Presupuesto General de la Nación del año 2016, luego de que el Poder Ejecutivo vetara totalmente el plan de gastos del Estado 2017 aprobado por el Congreso Nacional, y terminó con el veto parcial al proyecto de ley de Presupuesto 2018, en rechazo a los aumentos salariales aprobados en el Congreso.
La decisión de Cartes de vetar el plan de gastos del Estado se dio por primera vez desde la vigencia de la Constitución de 1992. El ex presidente Nicanor Duarte Frutos había intentado hacerlo, pero luego había desistido por las implicancias políticas y jurídicas que pudiera traer.
Aunque hubo discusiones políticas sobre la legalidad o no de la emisión de bonos del Tesoro en el mercado internacional, finalmente el Ministerio de Hacienda logró vender los papeles del Estado paraguayo a inversionistas extranjeros y financiar las obras públicas, así como repagar deudas.
El Gobierno de Cartes también buscó realizar cambios al impuesto a la renta personal (IRP), pero se topó con la oposición del sector empresarial. La intención, según la Administración Tributaria, era que las personas con mayores ingresos tributen, ya que varios de los más ricos del país pagan cero de impuesto a la renta personal.
FIN DE UNA DEUDA ESPURIA
En el mes de marzo del año que pasó se produjo uno de los hechos que permitieron al Paraguay poder volver a colocar sus reservas internacionales en cualquier entidad financiera del mundo: se rechazó la demanda contra el Estado paraguayo por la deuda que Gustavo Gramont Berres, el ex embajador itinerante del Gobierno de Alfredo Stroessner, contrajo con bancos del exterior.
La jueza federal del distrito de Columbia, Washington DC, Ketanji Brown Jackson, hizo lugar a la defensa del Estado paraguayo y rechazó la demanda iniciada en los Estados Unidos contra nuestro país por la empresa aseguradora italiana SACE, en virtud de la cesión de derechos que le habían otorgado los bancos suizos relacionados al caso Gramont Berres. Con esto, se dejaron de abonar más de USD 100 millones que la aseguradora italiana reclamaba.
El caso de Gramont Berres se remonta al año 1986, cuando este tomó un crédito a nombre del Estado paraguayo para montar dos industrias, pero el préstamo nunca fue saldado. En 1995, un grupo de 10 bancos que adquirió la deuda demandó al Paraguay y, en 2005, un tribunal suizo falló en contra del Estado paraguayo.
REVÉS TRIBUTARIO EN LA CORTE
Otro tema que también marcó la agenda económica del año fue la decisión de la Corte Suprema de Justicia de excluir a las cooperativas del pago del impuesto al valor agregado (IVA), medida que había entrado a regir el año anterior a instancias del ex ministro de Hacienda, Santiago Peña.
Días más tarde de haber tomado esta decisión, la Corte volvió a asestar otro golpe al Fisco al conceder la acción de inconstitucionalidad contra el decreto que limita la devolución al 50% del IVA para las empresas que exportan productos industrializados a partir de la soja, como la harina y el aceite. Con esta decisión, el Fisco deberá devolverles el 100% de lo tributado y perderá ingresos cercanos a los USD 140 millones.
ASAMBLEA DEL BID
La Asamblea del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que se realizó en Paraguay después de 52 años, se vio opacada por la quema del Congreso tras el intento de reelección presidencial a través de la enmienda constitucional. En esta reunión, Paraguay presentó su marca país, por la cual se erogó alrededor de USD 10 millones, pero hoy día son pocos los que se sienten identificados con el diseño o siquiera lo recuerdan.
Mientras Cartes y los ministros del Poder Ejecutivo se jactaban ante los ministros de Hacienda y presidentes de Bancos Centrales de otros países, así como empresarios que asistieron a la asamblea, de las bondades del país en materia de inversión, una multitudinaria manifestación ciudadana se alzaba contra sus pretensiones de reelección.
En medio del bochorno por el asesinato del joven dirigente liberal Rodrigo Quintana, el presidente Horacio Cartes se vio obligado a pedir disculpas a los visitantes por la situación propiciada por sus aliados parlamentarios.
