Un crecimiento basado en pocos rubros, con escaso valor agregado y altamente dependiente de factores climáticos y de condiciones externas ha caracterizado a la economía paraguaya durante las últimas décadas.
Las consecuencias son ampliamente conocidas y manifestadas en eventos y publicaciones: La volatilidad y su poco impacto multiplicador en el empleo, los ingresos familiares y las recaudaciones tributarias impidieron, a pesar de contar con altas tasas promedio del producto interno bruto (PIB), crear las condiciones que garanticen niveles moderados, pero estables, de consumo e inversión.
A las condiciones internas poco propicias para el desarrollo, la situación política, económica y social actual de los países vecinos, junto con las adversidades climáticas, ponen a nuestro país en una situación límite de la que es difícil salir sin un adecuado manejo político, macro y microeconómico.
Desde diversos sectores se escuchan voces sobre una necesaria intervención estatal para enfrentar la situación.
La institucionalidad pública enfrenta dos restricciones fundamentales. Por un lado la falta de recursos. El país no aprovechó para crear las condiciones adecuadas para el financiamiento de las políticas públicas por lo que hoy, para salvar la preocupante situación, se deberá apelar al endeudamiento.
No es ético ni económicamente adecuado sostener el crecimiento traspasando la responsabilidad a las generaciones futuras, sobre todo con una estructura tributaria que sigue siendo altamente inequitativa.
Es decir, pagarán el bienestar presente generaciones futuras y quienes no disfrutaron los beneficios.
Solo basta saber que a pesar de unos 15 años de buen desempeño económico, la mayoría de la población no logra ingresar a la llamada clase media y un cuarto de ella se mantiene en la pobreza con pocas probabilidades de salir de ella.
Por otro lado se encuentran la corrupción pública y privada.
La pretensión de acelerar la inversión pública para inyectar recursos al mercado supone una fuerte capacidad de gestión e integridad, falencias por demás conocidas.
Solo basta ver los últimos casos de obras de infraestructura y sus resultados.
De hecho, la principal razón para no aumentar impuestos de un sector de la sociedad es la corrupción en la inversión pública.
Así las cosas, las autoridades están en la difícil situación de tener que impulsar la economía en un contexto internacional y nacional adverso.
Sin una verdadera voluntad política de diseñar rápidamente un plan, que incluya medidas de fuerte impacto a nivel microeconómico, es decir en el empleo, los ingresos y la capacidad adquisitiva de los trabajadores y el blindaje de intereses particulares, el resultado será desastroso. Más deuda sin crecimiento.
Ojalá las autoridades tengan la valentía e idoneidad de pensar e implementar medidas para salvar la situación coyuntural, pero a la vez crear las bases para una nueva estructura productiva que supere las deficiencias de la actual.
Todo esto, sin corrupción.