Esta comisión, de acuerdo a la mencionada legislación, debe estar compuesta exclusivamente por legisladores, más específicamente por ocho senadores titulares y ocho suplentes, lo mismo para los diputados, y tres representantes titulares y suplentes del Parlamento del Mercosur (Parlasur).
La senadora Desirée Masi, a través de sus redes sociales, indicó que la comisión actualmente no funciona debido a que no se ha confirmado a todos sus miembros. Última Hora quiso consultarle mayores detalles al respecto, pero no contestó las llamadas.
Al momento de aprobarse esta ley, ya existían comisiones especiales en ambas cámaras del Congreso trabajando en torno a una estrategia de negociación, lo cual está en el campo del equipo negociador que conformó el Poder Ejecutivo.
otra comisión. Pese a esto, volvió a surgir la idea de crear una comisión más en el marco de las negociaciones del Anexo C de Itaipú, que fue dada a conocer por los diputados Kattya González, del Partido Encuentro Nacional (PEN), y Édgar Acosta, del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA).
La propuesta busca que, además de legisladores con representación parlamentaria, haya otros actores en la comisión, como ser: representantes académicos, del sector empresarial, de los trabajadores, universitarios, de las organizaciones campesinas, de oenegés, del Poder Ejecutivo y de Itaipú.
Asimismo, en su artículo 7 el proyecto pretende someter a referéndum las conclusiones sobre el Tratado, lo cual puede entrar en conflicto con el artículo 142 de la Constitución Nacional, según expuso Masi públicamente y coincidieron fuentes consultadas en Diputados.
Al argumentar su iniciativa, González señaló que existe demasiado hermetismo con relación al tema y que hasta ahora no se tienen indicios de que exista una postura clara del Gobierno de cara a las negociaciones con Brasil, que deben concretarse a más tardar en el año 2023.
Además, el senador Víctor Ríos, del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), adelantó que va a presentar a otro proyecto de ley, con la intención de establecer una hoja de ruta a seguir por parte del equipo negociador paraguayo. Los términos fueron analizados por representantes del Parlamento del Mercosur (Parlasur), que hicieron sugerencias a la iniciativa.
Después de 2023. Pese a que las negociaciones con el Brasil se constituyen en uno de los desafíos más importantes para el Paraguay, desde el sector académico instan a analizar políticas que vayan más allá de la revisión del Anexo C, que también pueden formar parte de la agenda del Poder Legislativo.
La Itaipú Binacional, la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) y la Asociación Civil Centro de Recursos Naturales, Energía y Desarrollo (Crece), organizaron un espacio de debate denominado Foro Energético Paraguay 2040. Durante el ciclo 1 de las charlas, alrededor de 7.000 participantes llegaron a la conclusión central de que Paraguay necesita un ente articulador de la política energética.
Esto, con el fin de obtener el máximo provecho del potencial que el país tiene en cuanto a las energías renovables. Asimismo, los interesados consideraron que existe la necesidad de priorizar la generación de energía hidroeléctrica y las renovables no convencionales.
La investigadora paraguaya Cecilia Llamosas, de la Universidad de Sussex (Reino Unido), y la catedrática estadounidense Christine Folch, de la Universidad de Duke (EEUU), instaron, entre otras cosas, a que Paraguay cree un fondo para la administración de los recursos derivados de la renta energética del país.
alternativa. Folch también aseguró que Paraguay necesita plantearse una alternativa a la Ley del Fonacide, que actualmente depende del dinero de las compensaciones por cesión de energía de Itaipú al Brasil e ingresa cerca de USD 240 millones al año, lo cual pasará a desaparecer en torno al año 2030, cuando nuestro país utilice todo lo que le corresponde de su energía de la binacional, según cálculos técnicos.
Muchos de estos elementos deben ponerse eventualmente a consideración de los miembros del Poder Legislativo, que de momento solo se preocupan en la revisión del Anexo C y no en colaborar para implementar y desarrollar políticas a más largo plazo.
