La Contraloría General de la República (CGR) realizó un estudio de correspondencia de bienes con relación a veinte jueces y fiscales y se concluyó que hay inconsistencias en declaraciones juradas que deben ser subsanadas o será reportado al Ministerio Público.
Armindo Torres, director de Declaraciones Juradas del órgano contralor, indicó a medios locales que el Consejo de la Magistratura había solicitado el análisis de las declaraciones juradas de 121 jueces, fiscales, camaristas, fiscales y síndicos de quiebras y de ello se encontró este reporte.
Los antecedentes que podrían ser remitidos a la Fiscalía hablan de presunta declaración falsa o supuesto enriquecimiento ilícito.
OBSERVACIONES. Las inconsistencias detectadas hacen referencia entre lo declarado y los informes recibidos, y esos se convierten en observaciones de la Contraloría.
Ahora estos serán comunicados a cada magistrado o fiscal para que puedan hacer las modificaciones o presentar su descargo.
Hay casos en los que solamente se requieren que se acompañe documentos respaldatorios y otros que deben modificar, y ahí es que, si no se realiza eso, amerita una investigación, explicó Torres.
Incluso, hay declaraciones en las que no constan inmuebles consignados; es decir, que también habría omisiones. En un caso, una mujer no declaró casi veinte propiedades y eso llama la atención.
Una vez que reciban los descargos, la Contraloría deberá hacer la conclusión.
Posteriormente, se trabajará con los otros 101 casos más, una vez que se reciban todos los informes de las instituciones.
Ya se adelantó que los resultados van a estar saliendo por grupos.
SON INDICIOS. Hace unos días, se llevó a cabo una reunión de autoridades, entre ellos, el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, con miembros de la Comisión Bicameral de Presupuesto.
En dicho encuentro, se expuso el dictamen de la comisión y se emitieron recomendaciones a las instituciones referentes a los hechos punibles denunciados.
Existen unos 64 hechos punibles denunciados por la Contraloría al Ministerio Público, según los datos manejados por la comisión.
Sobre este punto, Rolón refirió que hay unos con causas abiertas y otros que están en estudio de correspondencia.
“Hay que entender que el informe que emite la Contraloría como institución tiene que ser examinado en correspondencia. No son evidencias en la plenitud que merece el término, sino simplemente informaciones que sirven para encabezar actos procesales”, dijo.
Es decir, que lo remitido por el órgano contralor serían solo indicios
“Estas informaciones son complejas, no se refieren simplemente a un acto material como ocurre siempre en el orden penal. Tenemos una dimensión importante que tenemos que ir verificando y en la medida que tengamos la información comienza el proceso”, sostuvo.
