Desde el 7 de octubre hasta el 20 de diciembre, al menos seis personas perdieron la vida tras ser arrolladas por personas que luego se constató que se encontraban ebrias. Sin embargo, es probable que ninguna de ellas pague con años en la cárcel por el homicidio, ya que a lo sumo es culposo, y conducir ebrio es solo una falta administrativa; es decir, gracias a nuestra legislación, es el único crimen que no se sanciona como tal; y la convierte en una especie de carta blanca para matar.
CONTROLES. La comisario María Elena Andrada, del Departamento de Relaciones Públicas de la Policía, afirmó que todas las direcciones policiales del país estarán intensificando controles, en especial, los días 24, 25, 31 de diciembre y el primer día del año 2021.
Desde la Patrulla Caminera también afirman que la orden es que haya un control estricto en las rutas del país.
“Vamos a realizar un control fuerte de alcotest, pediremos documentos. La gente va a ver mucho a los agentes de la Caminera en estos días”, explicó el director Operativo, Florencio Vargas.
En lo que respecta al Departamento Central, unos 400 agentes ya están preparados para operar, según informó.
Desde la liberación de fases de la cuarentena sanitaria, la Patrulla Caminera informó que volvieron a aumentar los vehículos retenidos por haber encontrado a los conductores que bebieron alcohol. En una semana sacaron de circulación a 600 vehículos cuyos conductores manejaban en estado de ebriedad.
En la semana del 6 al 12 de diciembre, 650 vehículos fueron retenidos tras ser pillados ebrios sus choferes.
Vargas aseguró que en la semana que pasó, entre el 13 y el 19 de diciembre, los casos positivos bajaron, para sorpresa de los inspectores. En total, 532 personas dieron positivo a la prueba de alcotest.
En estas dos semanas, trece personas perdieron la vida en accidentes de tránsito, de acuerdo con los datos que manejan.
IMPRUDENCIA. A pesar de los controles que se anuncian, los conductores que manejan bajo los efectos del alcohol siguen enlutando familias.
Uno de los casos más recientes es el que involucró al funcionario de Aduanas, Diego Alejandro Giménez Riquelme, quien fue imputado por homicidio culposo por la fiscala Fátima Villasboa.
El hombre permanece detenido en la Comisaría 52 Central, esperando su audiencia de imposición de medidas. Giménez se expone a cinco años de cárcel o multa, según establece el artículo 107 del Código Penal.
La Cámara de Diputados estudia un proyecto para establecer penas más severas para las personas que incurren en estos hechos. Una de las medidas es incluir el dolo eventual para que se pueda iniciar un proceso penal, ya que actualmente es considerada una falta administrativa.
