De acuerdo con los datos recogidos por este diario en su edición impresa (www.ultimahora.com/c2907170), los pedidos de ampliación presupuestaria para el año próximo llegaron a los USD 383,5 millones, monto que representa el 3,2% del PGN 2021 y un poco más del 10% de lo que estima recaudar la Administración Tributaria. Los documentos indican que son 29 las instituciones que reclamaron más recursos, entre las cuales se encuentran las 17 gobernaciones.
Desde hace meses que la economía paraguaya viene soportando los fuertes golpes que generó la pandemia, en todos los niveles. Y el Fisco no fue la excepción. Los ingresos tributarios, al cierre del tercer trimestre del año, llegaron casi los USD 1.500 millones. Esto representa una notoria caída del 11,4% con respecto a lo recaudado el año pasado y de más del 15% frente a lo que se esperaba recaudar este año según la Ley de Presupuesto.
Estos números no se quedan ahí al llegar el 1 de enero del 2021. Este resultado se replicará en el plan de gastos del año próximo, según las proyecciones, en una disminución del piso de ingresos en torno a los USD 600 millones. Es decir, habrá USD 600 millones menos para gastar en el 2021.
A esto hay que sumar el feroz endeudamiento de casi USD 2.000 millones que se tomó para enfrentar la crisis sanitaria. Esta toma de nuevos compromisos, con el consecuente aumento en las amortizaciones y el pago de intereses, sumado a la caída en los ingresos, evidentemente empujan al Fisco a realizar un importante ajuste de cinturones en los gastos corrientes.
Resulta nuevamente llamativo como, al parecer, algunas autoridades o funcionarios públicos viven una realidad diferente al resto de la gente.
Los únicos pedidos aceptables quizá sean los hechos por el Ministerio de Salud y el Instituto de Previsión Social (IPS), ya que están directamente relacionados con la pandemia y una eventual segunda ola. Es importante ser precavidos en materia sanitaria, considerando la experiencia vivida este año y las enormes falencias históricas que nuevamente quedaron al descubierto con la crisis.
No obstante, es difícil entender los pedidos hechos, por ejemplo, por entidades como el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) para el subsidio a partidos políticos. Se trata de USD 17 millones que saldrán nuevamente de los bolsillos del contribuyente para costear a operadores políticos y estructuras clientelistas que durante años solo sirvieron para el provecho de unos pocos. Lo mismo con la UNA o el Ministerio Público, quienes piden la creación de cientos de cargos para seguir agrandando el aparato estatal, en medio de una superpoblación improductiva y una burocracia excesiva que solo contribuyen a que el hartazgo vaya en franco crecimiento.
Es urgente que las cabezas de las instituciones pisen tierra y vean que el Estado no está ajeno a los golpes que está sufriendo la economía. La situación requiere del esfuerzo de todos para que el Presupuesto Público no se vea comprometido y el impulso fiscal pueda convertirse en una de las razones de la expansión en 2021, tras un 2019 de estancamiento y un 2020 en el que se proyecta cerrar con una contracción del 3,5%.
El ministro de Hacienda, Benigno López, ya salió al paso de los pedidos de ampliación y advirtió que de aprobarse estos reclamos, no solo la rigidez podría elevarse por encima del 90%, sino que se podría volver a escenarios del pasado como el retraso en pagos de salarios o incluso en incumplimientos en ese sentido.
Es ahora deber de los legisladores escuchar a los técnicos del Fisco y aprobar un PGN coherente con la realidad. Un PGN inflado y desfinanciado sería un nuevo retroceso en materia de políticas públicas.
