Ya en la noche del martes, poco después de conocerse que el juez de Delitos Económicos, Humberto Otazú, le diera trámite de oposición al pedido, los fiscales de la causa presentaron su escrito de ratificación.
A las 07:00 de la mañana de ayer ya estaba en la bandeja de entrada del juzgado de Delitos Económicos el escrito presentado por los agentes Jorge Arce, Néstor Coronel y Luis Piñánez, en respuesta al trámite dado al magistrado.
Los representantes del Ministerio Público señalaron en su escrito que contestaban la vista que se dispuso ese día, y que se ratificaban íntegramente de su pedido.
Remarcan que la causa tuvo su inicio con el reporte de la Contraloría General de la República (CGR), donde se mencionaba el supuesto perjuicio patrimonial de G. 1,6 billones, durante el ejercicio fiscal 2022 y primer cuatrimestre del 20293, en la presidencia de Bataglia.
Refieren que dentro del marco de la investigación realizaron un informe técnico contable, donde no han detectado perjuicio patrimonial como tal, como indican los auditores de la CGR.
Con respecto al préstamo de G. 50.000.000.000, de la firma Interfisa, con los intereses, totalizan el monto de G. 65.379.679.514, indican que el banco informó del préstamo que fue desembolsado el 13 de diciembre del 2022, a 60 cuotas que vencen el 30 de diciembre del 2027.
Remarcan que hubo una devolución y una nueva firma del pagaré por la citada suma, con lo que se subsana la discrepancia con la CGR.
Los fiscales explican que las operaciones fueron registradas y reconocidas a nivel contable, con las indicaciones establecidas por el Ministerio de Hacienda, según constaban en las notas de créditos destinadas al Programa de Enfermedad y Maternidad.
Dicen que la ley autoriza al IPS a endeudarse siempre que el monto y las cuotas a ser abonadas no superen el 5% del presupuesto anual aprobado.
Sostienen que a criterio del equipo de investigadores, las documentaciones colectadas durante la investigación “no permiten colegir que los hechos denunciados revistan la importancia y/o no poseen valoración con relevancia en el ámbito penal”.
Con ello, ratifican que la denuncia presentada ante la Fiscalía debe ser desestimada por el magistrado de Delitos Económicos, porque supuestamente no constituyen un hecho punible, y debe ser archivada.
