La Policía podría intervenir en cualquier momento por mandado judicial, en el marco de un recurso de amparo constitucional otorgado por el juez penal de garantías Nelson Ojeda Quintana, del juzgado de Hernandarias, hasta donde recurrió la firma Desarrollo Maderero SA, que ostenta poseer el título de propiedad sobre la finca. “Un argentino se apropió de una fracción de la colonia hace más de 20 años. Entramos a la propiedad porque el pueblo ya no quiere esperar la respuesta del Indert, porque hace más de un año se está trabajando en el lugar. La gente nunca se animó porque no tenía documentos, conseguimos todos los documentos; en el 2013 se hizo la última mensura judicial y delimitación y una fracción que consta en el Indert está en poder de un extranjero”, afirmó Marcial Acosta, dirigente de la colonia.
Acosta recordó que la colonia había sido fundada con la sangre de 11 antepasados de ellos, campesinos paraguayos que habían luchado para ganar un pedazo de tierra de las que se apropiaba el entonces secretario privado del general Alfredo Stroessner, Mario Abdo Benítez. “Hubo 11 muertos. Eran nuestros padres y ahora nosotros ya no vamos a quedarnos quietos hasta recuperar esa fracción que probablemente está siendo alquilada por los funcionarios al argentino, que no es sujeto de la reforma agraria”, afirmó Acosta.
En febrero de este año, Mario Vega, titular del Indert, publicó en el portal oficial de la institución que se había aclarado el caso Toryvete a través de una mesa de trabajo integrada por el Comité de Iglesias, representado por el monseñor Mario Melanio Medina, y el abogado Adolfo Ferreiro, mediador independiente, tras la realización de trabajos técnicos por funcionarios del Indert. “Se comprobó que la línea conocida como La Industrial Paraguaya, que establece los límites de la referida superficie, coincide plenamente con los planos con que cuenta el Indert”, refiere el artículo informativo, en el que señalan que los habitantes de la colonia fueron informados del resultado del trabajo, que buscaba descomprimir el conflicto existente entre los campesinos y los dueños de la empresa privada.
En caso de cuestionamientos de los resultados por parte de los campesinos, serán agotadas las instancias administrativas o se debía recurrir a la instancia judicial, señala la publicación. “Se les explicó que es una propiedad privada y parece que ahora tienen un abogado nuevo y no conoce del expediente”, afirmó al respecto José Clerch, director de Gabinete del Indert, quien sostiene que existe un dictamen al respecto, contrario a lo que ahora sostienen los campesinos. El juez Nelson Ojeda Quintana ordenó a la Policía que resguarde la finca en conflicto.
