En lo que va del periodo parlamentario, desde marzo de este año hasta la semana pasada, llevan tratados once proyectos de ley solicitando expropiaciones en distintos puntos del país. Algunos ya fueron sancionados, otros tienen media sanción y también unos pocos fueron vetados por el Poder Ejecutivo. Sin embargo, la cantidad de normativas que esperan que sean tratadas va en franco aumento.
La expropiación se lleva a cabo bajo el pretexto del interés social o la utilidad pública, lo que generalmente quiere decir que se encuentra dentro del marco de la ley. Esto no elimina la posibilidad de que las autoridades cometan abusos en este tipo de procesos.
Justamente el actual presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Mario Vega, se opone a que se sigan aprobando expropiaciones debido a que existe una deuda multimillonaria por adquisición de inmuebles que aún no se puede cubrir.
Según informó, la deuda supera la suma de 71 millones de dólares.
De esa cifra, más de USD 32 millones (alrededor de G. 207.000 millones) corresponden a las deudas contabilizadas, que tienen que ver con las tierras que fueron adquiridas y transferidas a favor del Indert por parte del dueño.
En tanto que las no contabilizadas, que son las adquiridas por expropiaciones, ascienden a USD 38 millones (cerca de G. 240.000 millones).
En el presupuesto del 2020 se tiene previsto el pago de deudas por 3.580 hectáreas, que suma G. 47.000 millones, lo que corresponde al 35% de la deuda contabilizada.
Vega dijo que hay propietarios a quienes aún no se les pagó y algunos están en fila desde hace cinco años. Muchos de ellos amenazan con demandas judiciales contra los ocupantes.
Por medio de la expropiación, la pertenencia de un bien pasa de un titular privado al Estado. La transferencia es coactiva: la persona no se postula como vendedor, sino que el Estado ordena la expropiación y establece las condiciones.
ALEGRÍA. La expropiación más polémica, aprobada recientemente por la Cámara de Diputados y que ahora está a disposición de la Cámara de Senadores, es de la finca ubicada en Tacuatí, Departamento de San Pedro.
La propuesta fue presentada por un grupo de legisladores, solicitando la expropiación de 1.500 hectáreas, de las 40.000 con las que cuenta la propiedad.
Sin embargo, el problema se generó por la parcela que eligieron los proyectistas, que pretenden beneficiar a 150 familias, ya que en ella se encuentra ubicada la estancia Alegría, incluso una escuela que fue fundada por su propietario Herber Willersinn.
lidera. La diputada cartista Blanca Vargas de Caballero es la legisladora que tiene en su haber más proyectos solicitando expropiaciones.
La legisladora lleva dos periodos en la Cámara Baja y ya presentó 20 expropiaciones y una docena de desafectaciones.
Vargas es representante por el Alto Paraná y la mayoría de sus pedidos involucran a inmuebles de los municipios de Ciudad del Este y Minga Guazú, distrito bajo la gestión de su esposo, el intendente Digno Caballero.
Siguiendo los pasos de su colega y correligionaria está la también cartista Del Pilar Medina, quien ya solicitó varias expropiaciones y desafectación de inmuebles en los que hay asentamientos en el Departamento Central.
Un nuevo pedido se trata hoy
Un proyecto de ley, que solicita la expropiación de una propiedad de 20 hectáreas y que ya tiene media sanción de la Cámara de Senadores, será analizado hoy por el pleno de Diputados, ya que figura dentro del orden del día.
Por medio de la iniciativa, presentada por los senadores del Frente Guasu, se declara de interés social sujeto a expropiación parte del inmueble con finca número 1.296, 2018 con padrones 58 y 4.440 respectivamente, que fue ocupada por la Comisión Vecinal Guillermo Jesús con 400 familias posteriormente desalojadas en la compañía Isla Bogado, del distrito de Luque.
Dicha propiedad pertenece a Copaco y cuenta con 68 hectáreas.
Por otro lado, el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH) también planea adquirir las 68 hectáreas para construir viviendas económicas.
La Comisión de Asuntos Municipales y Departamentales de la Cámara Baja dictaminó a favor de la iniciativa.
