El estudio “Sao Paulo: ¿la corrupción vive al lado?” denunció además la “falta de transparencia y de calidad de los datos” para identificar a los propietarios finales de esas compañías, por lo que el “potencial para el lavado de dinero es todavía mayor”.
Los accionistas de las 236 empresas mencionadas son sociedades “registradas” en un total de 20 paraísos fiscales, de los cuales los más utilizados son: las Islas Vírgenes Británicas, Uruguay, algunos estados de Estados Unidos -como Delaware-, Panamá y Suiza.
Según Transparencia Internacional, que utilizó datos oficiales, “el beneficiario final de las empresas en los paraísos fiscales continúa secreto” y no es posible “encontrar las personas físicas conectadas a las 3.452 propiedades pertenecientes a esas empresas”.
El 62 % de las propiedades identificadas son comerciales -tiendas, oficinas y hoteles- y suman en valor 2.200 millones de dólares, por los 370 millones de dólares que representan el 29 % en títulos de propiedades residenciales.
El 9 % restante de los 3.452 inmuebles, que equivalen en superficie total a 7.400 campos de fútbol, son fábricas, terrenos, edificios, puestos de gasolina, según el informe.
En este sentido, la organización “considera crucial el sector inmobiliario” al ser una de las vías utilizadas “para la evasión fiscal y el lavado de dinero”.
“La inversión en inmuebles tiene un riesgo relativamente bajo y esta es una de las razones por las cuales atrae personas que manejan con recursos ilegales. Como los inmuebles son caros, grandes cuantías de dinero pueden ser lavadas en una única operación”, apunta el documento.
Además, los inmuebles citados se concentran en las áreas más ricas de la capital paulista, la mayor ciudad de Sudamérica y cuyo Producto Interior Bruto (PIB) es comparable al de Ucrania, características que la han convertido en “la meca de la inversión inmobiliaria”.
Uno de los casos es la conocida Avenida Paulista, en el corazón financiero de la ciudad y sede de bancos, consulados y museos, donde la investigación encontró 195 propiedades por un valor de cerca de 40 millones de dólares ligadas a “empresas secretas”.
En este sentido, también se registraron casos parecidos en la exclusivas avenidas Brigadeiro Faria Lima, Chucri Zaidan y Engenheiro Luiz Carlos Berrini o los barrios Jardins y Vila Olímpia.
No obstante, en Brasil es legal que empresas ‘offshore’ adquieran propiedades “sin declarar el beneficiario final” debido a “la ausencia de una definición jurídica adecuada” que garantice la identificación de los mismos.
En ese sentido, Transparencia Internacional “defiende el establecimiento de registros públicos” que contengan precisamente la persona física que tiene el control o la propiedad final de las empresas, tanto brasileñas como extranjeras, que operan dentro del país.
Para la organización, el gran número de empresas vinculadas a paraísos fiscales o de jurisdicción secreta vinculadas a compañías brasileñas propietarias de los inmuebles debe ser visto como “señal de alerta”.
