Roberto Rolón manifestó en Radio Monumental AM que ellos adquirieron unidades de terceros. “No es que hemos ingresado esos vehículos al país con intenciones de engañar al Estado”, sostuvo.
En ese sentido, agregó que ellos no fueron los importadores de los colectivos, sino que el despacho estuvo a cargo de otras personas que luego se los vendieron.
Indicó que hay poca diferencia entre el año real del bus y el que fue puesto en el documento. “Nosotros confiamos en lo que dice el título”, dijo.
Además, aseguró que presentaron la documentación correspondiente a la Fiscalía e igual se les imputó. Rolón y la señora María Teresa Quiñónez de González fueron imputados por el Ministerio Público por adulteración de documentos públicos en los que constaban falsos datos respecto al año de fabricación de buses que componen el parque automotor.
Otros 16 empresarios fueron imputados junto con los gerentes de Cerro Kõi, entre ellos de la Empresa Campo Limpio SA, Línea 36, Empresa Capiatá SRL, Línea 58, Empresa Ciudad Limpio, Línea 34, Empresa Ciudad de Villeta SA, Línea 232 y Empresa 3 de Febrero SA, Línea 454.
El perjuicio al Estado investigado por la Fiscalía es de G. 13.165.957.792 por la adulteración del año de fabricación de 123 buses para ser beneficiados con el subsidio al pasaje.
