El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ya informó a su sede de Washington, Estados Unidos, sobre las irregularidades denunciadas en la adjudicación para la rehabilitación y pavimentación del tramo San Juan Nepomuceno-ruta 6, de 81,70 km, donde se debe definir si investiga las anomalías que fueron denunciadas.
Así informó a este medio el representante local del organismo en Paraguay, Eduardo Almeida. Recordemos que este proyecto se otorgó hace un año al Consorcio Tavai, integrado por las empresas CDD Construcciones SA (Paraguay) y Ramón C. Álvarez Construcciones SA (Uruguay), por USD 65 millones de dólares.
En este caso, el integrante uruguayo del consorcio, Ramón C. Álvarez, fue acusado de falsificar la firma de un profesional, específicamente del ingeniero Silvio Quiñónez, quien sacó a la luz el hecho, luego de una pelea interna. Quiñónez es representante de la constructora Yatyta SA, que en su momento fue aliada de la firma uruguaya, y luego de una ruptura empezó a hablar de irregularidades en la adjudicación.
Según señaló, además de la falsificación de su firma en la oferta del consorcio, lo presentaron como experto en una especialidad que no era la suya, solo para “cumplir” con las exigencias del pliego.
Llamativamente, después de la adjudicación, Obras Públicas permitió el cambio del ingeniero civil, a través de un acta firmada por representantes de la contratista y la cartera. El caso ya fue denunciado ante la Fiscalía.
Otro hecho que denunció Quiñónez es que el propietario de la empresa Ramón Álvarez Construcciones SA, a quien identificó como Eduardo Álvarez, mantenía reuniones sorpresivas con altos funcionarios del MOPC.
Sobre la situación de la denuncia, Almeida dijo: “Enviamos dicho documento (de la denuncia) a la unidad de la sede (Washington) que evalúa la necesidad de una investigación en casos semejantes y, a nivel local, comunicamos a la Unidad de Ejecución del Gobierno su recibo”.
Resaltó se enteraron del caso por las publicaciones de la prensa y que también recibieron un documento del denunciante. Se le consultó si el contrato podría anularse en caso de comprobarse alguna falsificación y dijo que “es muy temprano para indicar el camino a tomar, pero en cualquier caso, de encontrarse alguna práctica indebida, la empresa podrá ser sancionada”.
TAMBIÉN SE LE ADJUDICARON PEAJES. Vale señalar además que el mismo consorcio fue adjudicado para la operación de 13 puestos de peajes de las rutas del país, licitación que ganaron con la denominación Concesionaria de Peajes del Paraguay, donde Ramón C. Álvarez Construcciones SA acreditó una experiencia que no tenía. En este caso, la empresa uruguaya presentó como aval un contrato de cinco años con la Corporación Vial de Uruguay (CVU). Sin embargo, CVU ya advirtió vía correo electrónico, a las principales autoridades de Obras Públicas, que el contrato fue solo de tres años y cinco meses. Requería como mínimo una experiencia de cuatro años.
También se afianza la sospecha de falsificación de uno de los dos documentos que presentó la firma charrúa en su oferta para “avalar” su experiencia en operación de peajes. Se trata de una nota que supuestamente expidió la CVU el 30 de marzo del 2007, que tiene la firma del ingeniero uruguayo Roberto Sandonato, a quien se menciona como gerente de Contrataciones de la CVU. Sandonato aclaró a este medio que nunca ocupó el cargo que se le confiere en la mencionada nota.
Asimismo, publicaciones de ÚH evidenciaron a través de documentos oficiales del Ministerio de Transporte y Obras Públicas de Uruguay y la CVU, que Ramón C. Álvarez no contaba con los cinco años de experiencia en operación de peajes (entre el 2002 y 2007), que “acreditó” en su oferta.
La compañía solo tenía un contrato de 3 años y cinco meses (desde el 2002 hasta el 2005), por lo que no podía ganar la licitación en cuestión. El Tribunal de Cuentas de Uruguay también documentó que Ramón C. Álvarez solo tuvo un contrato entre el 2002 y 2005 con la CVU.