EFE
El 9 julio de 2012 se anunció que Pluna, privatizada a mediados de los años 90, entraría en proceso de quiebra y liquidaría sus bienes, y en especial se mostró interés en vender siete aviones, de los que el Gobierno uruguayo salió como garante.
“Si bien ya se concretó la venta de las siete aeronaves, no contamos con recursos humanos para hacer la despreservación de las siete aeronaves juntas”, explicó a Efe Gabriel Ferreira, director de la Asociación Uruguaya de Peritos (AUPE), designada desde el cierre de la aerolínea para representar a los acreedores, asesorar a la jueza y administrar los bienes de la compañía.
Ayer se hizo la primera entrega y cada 20 días se irá traspasando una aeronave, hasta completar las siete totales.
La venta a SAF se cerró el pasado 22 de noviembre al ser la empresa cuya oferta de compra fue superior, entre otras cuatro propuestas interesadas.
La compañía norteamericana entregó entonces un depósito de unos cinco millones de dólares y a medida de que cada avión esté en condiciones de ser liberado, dicha sociedad irá ingresando el valor de cada aeronave, hasta llegar a los 70,7 millones de dólares que comprenden el precio total de venta.
La pésima situación económica de la compañía de aviación de bandera del país derivó en una serie de acciones para intentar su salvación, que fracasaron y que terminaron por implicar en un delito, entre otros, al ministro de Economía de entonces, Fernando Lorenzo y al presidente del Banco República (BROU), Fernando Calloia.
Tras un intento que tuvo que ser suspendido por falta de candidatos, Uruguay organizó una subasta para los aviones de Pluna, que fueron adquiridos por la desconocida empresa española Cosmo el 1 de octubre de 2012.
Diferentes escándalos políticos y empresariales ocasionaron que los aparatos quedaran en tierra a la espera de otro comprador, que llegó el pasado noviembre.
De momento, el montante económico que se irá derivando de la venta de las aeronaves quedará bajo custodia judicial y no se podrá disponer de él hasta que la justicia resuelva el pleito que todavía se mantiene activo en el marco de la liquidación de la compañía.
“Hay un litigio en cuanto a quién corresponde ese dinero, porque Pluna Ente Autónomo considera que tiene un privilegio especial como acreedor hipotecario y que le correspondería a él cobrar en primer lugar”, explicó Ferreira.
La AUPE cree que en realidad se trata de un acreedor subordinado que cobraría al final del proceso.
SAF llegó a un acuerdo con la compañía danesa Nordic Aviation Capital, dedicada al arrendamiento de aviones a diferentes aerolíneas del mundo, para cederle sus derechos sobre los siete aparatos comprados, aunque se mantiene como garante de la operación.
