La operación de despojo de un bien público, que por una ley de 2005 era declarada área protegida a perpetuidad, tuvo gran adhesión de ambas cámaras del Congreso.
Las supuestas desafectaciones con interés social de tierras públicas terminan en muchos casos beneficiando a particulares que tienen tentáculos en el Parlamento y hasta en el propio Ejecutivo, y este es el caso de un pedido del Ejecutivo que en virtud de un acuerdo entre Defensa Nacional y la Municipalidad de Luque, en el entonces periodo de mandato de Horacio Cartes, envió el pedido de desafectación de una parcela de Ñu Guasu sin más propósito que beneficiar a un emprendimiento inmobiliario.
La ley sancionada y luego promulgada entonces quedó de la siguiente manera: “Que desafecta de su carácter de área protegida… a una superficie de a 4 hectáreas y 5 mil metros cuadrados” (art. 2° Ley 5774), que es la extensión de tierra que después se colocó en bandeja a una suma irrisoria de G. 500.000 el metro cuadrado, para el hasta hace poco intocable dentro del gobierno de Mario Abdo Benítez, Édgar Melgarejo.
El circuito que se dio desde que llegó al Parlamento hasta la sanción fue de marzo de 2016 (entrada oficial del mensaje del Ejecutivo) hasta noviembre de ese año en que se dio el primer trámite constitucional con la media sanción del Senado. El proyecto pasó a estudio de cuatro comisiones, algunas como la de Legislación y Codificación donde se supone integran los más ilustres miembros del Congreso.
Pasó sin objeción alguna hasta la discusión plenaria que terminó el 1 de noviembre del mismo año. Aún más fácil fue el trámite sin mucho debate y nula oposición en la Cámara Baja, dado que por la aprobación de la desafectación del terreno votaron 57 a favor y nadie se opuso. El estudio se dio el 6 de diciembre de ese año.
Una semana después el pedido de venta ingresó a la Municipalidad y rápidamente emitieron dictámenes Catastro y Asesoría Jurídica, para que luego, el 20 de diciembre, tenga dictámenes de otras comisiones de la Junta luqueña, presidida entonces por Rubén González, hijo de Óscar González Daher, quien, con el dictamen a favor de la oferta por parte de la Comisión de Hacienda, puso a consideración la venta del terreno el 27 de diciembre.
En la plenaria los concejales se enteraron que el consorcio privado Santa Ana SA propuso pagar G. 24.335.566.100 por la totalidad de 48.371 metros cuadrados de superficie, un precio irrisorio considerando el valor de mercado de USD 700 el metro cuadrado equivalente a G. 4.000.000.
No a todos agradó, pero la aplanadora colorada funcionó en un tiempo en que el poder ejercido por González Daher en el Gobierno, y en Luque en particular, no estaba en discusión. En la lectura durante la plenaria de la Junta del 27 de diciembre de ese año, se sentaba registro de que uno de los proponentes de la oferta, en carácter de vicepresidente de Consorcio Santa Ana, era el ex titular de la Dinac.
La Junta dominada por colorados dio el salvoconducto para que el Ejecutivo municipal cierre la operación.
La maniobra quedó cerrada y la manera de pago la estableció la Comuna.
Tal fue así la formalización del acto, aunque los títulos no estaban perfeccionados, que la Intendencia por resolución aprobó un fraccionamiento del terreno cuya cuenta catastral era 27-5440-03 (ver inmueble).
En una nota periodística de 2019 con Édgar Melgarejo, el mismo afirmaba ser parte del consorcio. Para actualizar los datos de esta nota volvimos a tratar de comunicarnos con él, pero no atendió.