La empresa, cuyo contrato con la Comuna es por 30 años, desde el 2005, indicó que el 9 de julio de este año el Tribunal de Apelación Civil, Comercial y Laboral – 2ª Sala Central resolvió rechazar los recursos de apelación, quedando sin efecto la medida cautelar.
Asegura además que accionará judicialmente contra la empresa El Farol SA, también del rubro de gestión de residuos, para el reclamo indemnizatorio por daños y perjuicios ocasionados por la acción judicial.
“Tampoco podemos dejar de recordar que al iniciar estas obras en Villa Hayes nuestra firma sufrió la quema de máquinas y camiones por parte de desconocidos que habrían ingresado por el predio arrendado por El Farol del Ministerio de Defensa”, señala parte del comunicado.
Irregularidades. Sobre la empresa Empo existe una serie de acusaciones. A finales del 2018 fueron imputados los propietarios de la empresa, el argentino Enrique Ortuoste y el brasileño Arivaldo Domínguez de Queiroz, por presuntos hechos punibles de estafa y producción de documentos no auténticos.
“La empresa habría utilizado y falsificado certificado de cumplimiento tributario correspondiente a otra empresa, había alterado el nombre, es decir la razón social del certificado, del RUC, y con ese certificado y presentando facturas habría cobrado las mensualidades correspondientes al contrato que tenía con la Municipalidad de Asunción”, señaló en ese entonces a ÚH el fiscal Federico Leguizamón quien llevaba la causa.
Para noviembre del 2019 la fiscal María Elena Álvarez pidió un año más para investigar el caso. Alegó que debido a chicanas de la defensa no se pudo avanzar en varias diligencias.
La Contraloría General de la República también realizó una serie de observaciones por casos de incumplimiento de contrato como: La falta de actualización de licencia ambiental sin que el ejecutivo municipal le exija la renovación.
También figura que el Consorcio Empo Ltda. & Asociados, realizó cambios en la conformación societaria, durante la ejecución contractual con la Municipalidad de Asunción, sin haber informado de ello, y sin pedir la debida autorización a la Contratante.
