En definitiva, Asunción no es amistosa, pero, como toda capital, en ella se concentra la burocracia estatal y no hay otra salida que molestar a la “tranquila” ciudad cuando los gritos de auxilio no se escuchan a 300 kilómetros.
Es el caso de la comunidad Tacuara’i del distrito de Corpus Christi, Departamento de Canindeyú, donde 75 familias reclaman las tierras ancestrales de donde fueron expulsadas por quienes ostentan el título de propiedad.
Denunciaron violencia y torturas por parte de colonos brasileños, en una zona donde hay antecedentes de masacre por conflicto de tierras. La situación de la comunidad se agravó con la desaparición del indígena Isidoro Barrios hace cuatro meses y fue así que 35 familias asumieron la misión de buscar una solución y no volver sin conseguirla.
Cumplieron un mes de protestas entre marchas y bloqueos de accesos en el Instituto Paraguayo del Indígena y el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert). El primero es el encargado de garantizar sus derechos como población vulnerable, mientras que el segundo debe resolver sobre la propiedad en litigio.
Acampan en la Plaza de Armas, donde soportan el odio citadino y el abandono del Estado. Hay otros 90 casos similares que afectan a comunidades indígenas y que están pendientes de resolución.
La Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) encontró evidencias de que las tierras que reclaman los avá guaraní en Corpus Christi fueron su hábitat hasta mediados de la década de 1980 y en ese sentido confirma que ancestralmente les pertenece.
Pero en el Indert las excusas sobran. Culpa a la administración anterior de dilatar el estudio de los diferentes expedientes o los trabajos paran por las vacaciones de los funcionarios.
Mientras tanto esta población sigue sufriendo violencia estructural, al no poder asegurar su supervivencia por desidia del Estado paraguayo, que, a su vez, tiene un repertorio de sentencias internacionales por la violación de los derechos humanos en las comunidades indígenas.
La lucha desde hace casi 30 años de los sawhoyamaxa por la recuperación de sus tierras es uno de los casos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a Paraguay a devolverles el lugar, pero el actual dueño Heribert Roedel no acepta los G. 34.000 millones por la expropiación y el trámite sigue en los estrados judiciales.
El organismo también determinó una inversión de USD 1 millón para el desarrollo comunitario, sin embargo, este fondo forma parte de los G. 3.100 millones que desaparecieron durante la gestión de Rubén Quesnel en el Indi. Esto le valió una condena de 10 años junto a otras irregularidades detectadas.
Situaciones similares sufren los Xákmok Kásek y Yakye Axa, en tanto que otros tantos casos siguen pendientes de resolución en las instancias nacionales.
Estos ejemplos demuestran que le quedan varias protestas por delante a la comunidad Tacuara’i y que es tiempo de que la ciudad supere la apatía y los estereotipos hacia los pueblos indígenas, los primeros migrantes en América.
