El embarcadero clandestino de camiones con destino al Brasil, ubicado dentro de la reserva Limoy de la Itaipú en el distrito de San Alberto, Alto Paraná, figura como un área cedida por la binacional a la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP), pese a ser un área protegida que no permite este tipo de usos, y que de hecho es la excusa que están utilizando los abogados de Itaipú para desalojar a los indígenas que se encuentran acampando en protestas contra la represa.
Esta área de embarque fue identificada por el monitoreo satelital del equipo de investigación de ÚH y llamó poderosamente la atención por encontrarse en una zona protegida de la binacional a la que se ingresa por los sojales colindantes, y que es utilizada por un importante número de camiones con destino al Brasil, pero sin ninguna oficina pública de control de la Aduana o la propia ANNP.
El historial de imágenes satelitales muestra que este embarcadero funciona por lo menos hace más de veinte años, y demuestra que las supuestas estrictas políticas de cuidado a sus reservas naturales que argumenta la Itaipú Binacional contra los indígenas Avá Guaraní, no se aplican en lo absoluto a las actividades ilícitas que se dan en su área protegida.
ANTECEDENTES. Así como este embarcadero que funciona con características de puerto clandestino, ya que no cuenta con oficinas de control de los órganos responsables, también existen otros a lo largo de la franja de bosques de protección de Itaipú, zona de 1.524 kilómetros que va desde Hernandarias hasta Salto del Guairá.
El monitoreo de ÚH logró identificar más de 250 a lo largo del río Paraná en ambas márgenes, es decir, que tanto en Paraguay como en Brasil se montan estos embarcaderos que invaden la franja de bosques de protección de las aguas del embalse de la represa.
Este embarcadero ubicado dentro de la reserva Limoy de Itaipú figura dentro del paquete de cesiones que realizó la binacional, en este caso y otros, a la ANNP, aunque no se observa que existan oficinas administrativas en el lugar de embarque para realizar controles, como lo tienen normalmente los puertos fronterizos, como por ejemplo, el que la Itaipú cedió a la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) en la ciudad de Salto del Guairá.
Las irregularidades entre Itaipú y la ANNP no son nuevas en este rubro, ya que en el año 2008 ya se reveló todo un esquema de hechos irregulares que van desde simples trámites administrativos hasta el desvío de fondos por sumas multimillonarias para financiar campañas proselitistas del Partido Colorado.
Una operación conjunta con la Fiscalía de Delitos Económicos permitió comprobar lo que era un secreto a voces: varios administradores recaudaban para la corona.
En dicha época también se comprobó que la ANNP arrendaba uno de sus puertos que le cedió Itaipú a una empresa vinculada al ex diputado Ernesto Tito Abadíe Vinader, Pax Thien SA.
La misma abonaba la irrisoria suma de 350 dólares (menos de G. 1.500.000) por cada barcaza que atracaba en el lugar, en operaciones portuarias que se realizaban sin ningún tipo de control.
Lo mismo fue detectado por la Contraloría en un examen practicado en el año 2006, donde se descubrió que la ANNP alquilaba un terreno de 23 hectáreas que le había cedido la Itaipú en Ciudad del Este, y en este caso la empresa beneficiada era Ranchos del Yguazú SA.
Tráfico ilícito. El monitoreo de ÚH pudo comprobar que varios de estos embarcaderos son utilizados para el contrabando y narcotráfico gracias al trabajo de la Unidad Interinstitucional para Combate al Contrabando (UIC) y de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), que intervino en la zona de Salto del Guairá varios puertos clandestinos y depósitos.
El operativo que investigó y posteriormente allanó siete puertos clandestinos en la zona identificó que había efectivos de la Armada Paraguaya, armados, vestidos de civil, trabajando para los contrabandistas, y en el caso de Puerto Tigre, el punto delictivo estaba a 100 metros del puesto de control de la Armada.
El titular de la Senad, Arnaldo Giuzzio, también habló de la complicidad de otras instituciones, detallando que dichos puertos son utilizados para el tráfico de drogas y armas. “Todo el mundo sabe, Aduanas sabe, la Policía sabe, nuestra gente sabe”, expresó tras el operativo.
En total fueron detenidas 18 personas, incautadas 30 lanchas de gran porte con motores fuera de borda, 10 camiones de gran porte y 9 vehículos, además de 5 millones de cajetillas de cigarrillos dentro de la marca que produce el ex presidente Horacio Cartes, más productos electrónicos.
Nueve ciudadanos brasileños y dos empresas presentaron ante la DNA recursos de apelación y nulidad buscando recuperar los productos valuados en USD 3 millones.
