La vicedirectora de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) de la Justicia Electoral, Dominick Ramírez, presentó a los diplomáticos el sistema de voto electrónico, la funcionalidad de la máquina de votación y respondió a las consultas formuladas por los diplomáticos presentes.
El embajador de Chile en Paraguay, Guillermo Bittelman Adriosola, refirió que el Grulac realiza encuentros de este tipo con instituciones y personas vinculadas al desarrollo político y social del país.
Detalló que los diplomáticos planificaron una agenda de trabajo para charlar con los candidatos a cargos electivos y con las instituciones involucradas en el proceso electoral, como es en este caso el TSJE.
“Nuestro interés en la fecha es conocer más acerca del proceso electoral, desde las elecciones internas simultáneas hasta la toma de posesión al cargo de los que resulten electos este 30 de abril”, explicó el embajador.
Explicó que el Grulac es un grupo de diálogo y concertación, no vinculante, de todos los países de América Latina y el Caribe, cuyo fin es crear consenso en diversos temas de la región.
El embajador chileno resaltó que en el Paraguay se concentra la mayor cantidad de representaciones diplomáticas integrantes de este grupo multilateral.
RESOLUCIÓN. Por otro lado, el nuevo fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, firmó ayer la Resolución N° 2015/2023 “Por la que establece el sistema de trabajo para las elecciones generales del 2023 en el Ministerio Público”.
La Fiscalía recordó que entre los delitos electorales está el realizar propaganda electoral finalizado el plazo establecido para el efecto (artículo 324 inciso A del Código Electoral), que establece que los que infrinjan este delito, serán castigados con la pena de un mes a seis meses de pena penitenciaria, más una multa equivalente a cien jornales mínimos.
Tampoco pueden reunirse personas a menos de 200 metros de los locales de votación, ejerciendo presiones indebidas sobre los electores, injuriándolos o coaccionándolos, atentando contra la libertad para votar. Este delito tiene como pena seis meses a un año de penitenciaría.