Opinión

Elusión poderosa

Wendy Marton – @WendyMarton

Wendy MartonPor Wendy Marton

En dos oportunidades la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) intentó realizar modificaciones a la normativa que regula el impuesto a la renta personal (IRP).

El objetivo era lograr que quienes más ingresos económicos tienen tributen más. En ambas ocasiones, la propuesta se estrelló contra un muro imposible de flanquear.

Desde que fue concebido, en el año 2004, el IRP atravesó por una serie de modificaciones, siempre tendientes a que no se implementen.

Cuando por fin fue incorporada en la normativa tributaria en el año 2013, terminó siendo un impuesto pagado principalmente por los asalariados de clase media y baja, y eludido por el sector económico más favorecido.

De hecho, el tributo entrará en vigencia plena en el año 2019 cuando alcance a quienes perciban 36 salarios mínimos al año. Por ello, varios juristas y economistas recomendaban esperar a que esté plenamente vigente e inclusive se esperen algunos años antes de analizar una modificación.

Aunque su intención era que quienes más ingresos económicos registran más tributen, cuando el IRP fue aprobado en el Congreso salió como un impuesto “formalizador”.

En diciembre del 2016, la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) había informado que entre 3.000 y 4.000 personas físicas ganan sumas multimillonarias (G. 100.000 millones o más al año), pero no pagan nada en concepto de IRP.

“La ley genera una enorme inequidad: quienes más ganan en este país apelan a los diferentes mecanismos de deducción que la ley permite y, peor aún, un decreto reglamentario de gobiernos anteriores perfora aún más la ley y hace posible que estas personas con montos multimillonarios no contribuyan totalmente en este momento al IRP”, había señalado la entonces viceministra de Tributación, Marta González, lo que le valió una serie de críticas por parte de gremios empresariales.

Es tal el descaro de las personas con mayores ingresos, que amparándose en la ley hacían figurar como inversión la compra de cuadros, yates, aviones, electrodomésticos, teléfonos celulares y hasta enseres del hogar.

Y como la normativa permite deducir las inversiones, terminaban tributando poco y nada.

Si bien se sospechaba que el IRP no es abonado por los más ricos, fue la declaración del fiscal Leonardi Guerrero –cuando encabezó una comitiva que allanó propiedades del clan Zacarías– la que terminó por confirmar que políticos poderosos, como Javier Zacarías Irún, ni siquiera estaban inscriptos como contribuyentes.

El hecho fue reconocido por el legislador, quien aseguró que recién en julio –cuando juró como senador– se inscribió como contribuyente.

Mientras el Estado siga oprimiendo a los más débiles, obligándoles a tributar lo poco que tienen, o controlando solo a quienes están formalizados, será imposible lograr una equidad tributaria.

Es urgente sellar un pacto político que obligue al sector económico más rico a tributar lo que le corresponde. Y si para ello es necesario modificar la ley, los gremios empresariales deben ser los primeros en apoyar esta medida.

No basta solo con pregonar que cumplen con la responsabilidad social empresarial. Los empresarios deben ser los primeros en pagar todos los tributos, y, por ende, también exigir con fuerza que haya un gasto público de calidad.

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