Somos una República que constitucionalmente ha adoptado como forma de gobierno la democracia representativa, participativa y pluralista, fundada en el reconocimiento de la dignidad humana. Se determina también que la soberanía reside en el pueblo, el que a su vez ejerce el Poder Público por medio del sufragio, para elegir un gobierno que será ejercido por los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial.
El sufragio, dice la Constitución Nacional, es un derecho, un deber y función pública del elector. Es la base del régimen democrático y representativo. Pero, está fundada en que el voto es universal, libre, directo, igual y secreto.
Este derecho y deber político del ciudadano tan trascendental para nuestro sistema democrático sufre sin embargo el embate del deplorable vicio del clientelismo. Se trata de la compra de votos, reduciendo al voto a una mercancía; y que además en el Paraguay supone un vínculo de obligaciones y lealtades, con una base de identificación con el partido y el candidato que compra el voto.
Esta acción se vincula asimismo con los mecanismos de financiación de las campañas políticas, respecto a la cual se debe afirmar que en el país es mucho lo que queda por mejorar en cuanto al control de los recursos utilizados por los partidos políticos. Esta es precisamente una de las grandes debilidades de nuestro sistema, considerando que se ha venido denunciado desde hace varios años la irrupción del dinero sucio en la política, lo cual sin dudas degrada y pone en peligro a la democracia.
Lamentablemente, es muy usual también la implementación de otro mecanismo ilegal para manejar votaciones y es tipificado como delito electoral: la retención de documentos de identidad de los electores en el día de los comicios, o lo que coloquialmente se conoce como compra de cédulas. En cada elección general o interna son numerosos los casos, incluso conocidos dirigentes, que han sido hallados infraganti delito.
Como es bien sabido, en el Paraguay la compra del voto para asegurar la elección de un candidato, así como la compra de cédulas para bloquear votos por el oponente son procedimientos que socavan al sistema democrático, pues tergiversan la voluntad popular. Al mismo tiempo, interfieren en el principio de la igualdad de participación, pues en estos casos, y al ser aún débil nuestro sistema de control de financiación de campañas, resulta ganando quien dispone de más recursos.
Estos delitos electorales de ofrecer, prometer u otorgar dádiva u otra ventaja para que un elector no vote o lo haga en un sentido determinado suponen una pena de cinco años de cárcel o multa, de acuerdo con el Código Penal.
Con estas consideraciones resulta muy importante el llamado que ha realizado de cara a las elecciones generales el Consejo Episcopal Permanente de la Conferencia Episcopal Paraguaya, apelando al voto libre y consciente de los electores e invitando a no vender ni comprar votos. ‘‘Es contrario a la ley y a la moral; corrompe tu integridad y vicia el sistema. No comprometas la administración de todo un país por un dinero que se va en un día. No compres votos. Es una práctica ilegal y delictiva y ofende la dignidad de la persona humana’’, señala el documento.
Así también, expresan los obispos que el voto debería expresar realmente los valores y las virtudes que necesitamos como sociedad para lograr el desarrollo del país al servicio de la promoción humana integral. El mensaje es bastante contundente, y es válido refrendarlo: las elecciones no traen la solución automáticamente, pero una participación ciudadana consciente es fundamental para el buen funcionamiento de las instituciones y una garantía para la democracia.