En un país en el que los funcionarios públicos de alto rango acusados de estar conectados a irregularidades conservan alguna pizca de dignidad renuncian sin demasiados trámites. Es una norma no escrita, pero practicada para preservar la salud de las instituciones.
Entre nosotros, sin embargo, esa práctica está todavía lejos de ser implementada. Lo corrobora, una vez más, el ministro del TSJE, Alberto Ramírez Zambonini, quien admitió que por su influencia cobraron de la institución en la que él era ordenador de gastos de turno allegados de su amigo y correligionario Manuel Radice.
En su afán de atenuar su responsabilidad, dijo que nombró a amigos, pero que en ningún momento les dio la orden de no asistir a sus puestos de trabajo. Es obvio que de ese tipo de determinaciones no se dejan huellas verbales, ni escritas, mucho menos. Sin embargo, si percibieron sus haberes sin asistir a la sede de sus funciones, aunque sea por omisión, él es el responsable de la situación en la que los que entraron por su influencia cobraran sin trabajar.
El Código Penal es claro en lo que atañe al cuidado del dinero público que se le asigna al ordenador de gastos de una institución con potestad para contratar personal. Su artículo 192 dice: “El que en base a una ley, a una resolución administrativa o a un contrato haya asumido la obligación de proteger un interés patrimonial relevante para un tercero y causara, o no evitara, dentro del ámbito de protección que le fue confiado, un perjuicio patrimonial, será castigado con pena privativa de libertad de hasta cinco años o con multa”.
Por otro lado, el artículo 318 establece que “el superior que indujera o intentara inducir al subordinado a la realización de un hecho antijurídico en el ejercicio de sus funciones o tolerara tales hechos, será castigado con la pena prevista para el hecho punible inducido”. Ramírez Zambonini toleró que los nombrados por él se convirtieran en planilleros.
A pesar de esto, hasta el momento la investigación fiscal del caso de la TSJE no ha adoptado medida alguna en contra del que ya en anteriores ocasiones fue acusado de cometer irregularidades en el ejercicio de sus funciones y siempre salió airoso.
El despido de 283 funcionarios y la instrucción de sumario a 181 funcionarios es apenas un paliativo mediático ante las denuncias en contra del TSJE. No ataca a fondo, sin embargo, el problema de un funcionario público que usa su poder para contratar, por amiguismo, personal que no trabaja y cobra salario.
Desde luego, el marginamiento de la institución de un ministro no vendrá de adentro. La clase política que le puso en el cargo y lo blindó es la que tiene que tomar medidas en contra de Ramírez Zambonini. El juicio político es el mecanismo que la Constitución habilita para estos casos.
Si el Congreso no inicia el proceso político corroborará que prefiere amparar sus intereses creados en el TSJE antes que actuar a favor de los ciudadanos del país enjuiciando al que hasta hoy deshonra la confianza depositada en él.