Después se volvió algo más familiar, pero asociado a una actividad circunscripta en Capitán Bado y Pedro Juan Caballero (PJC). Con el tiempo, algo más propio de la capital del Amambay.
Hoy, la idea de que en el país existen personas que se ganan la vida arrebatándola a otras ya no es algo que tiene por epicentro solo la vulnerable frontera con el Brasil, sino que ha aumentado exponencialmente su radio de acción, al punto que ya hemos sido informados de varios atentados atribuibles a los anónimos asesinos a sueldo en Asunción, en Itapúa, en Coronel Oviedo, en cualquier parte del territorio nacional. Se mimetizan, normalmente andando de a dos y en motocicletas.
La velocidad con que crecen estos fenómenos de la criminalidad parece directamente proporcional al interés y capacidad que tienen los Estados de combatirlos. Con la apertura democrática, la disputa por el control territorial de la frontera seca de la zona del Amambay alentó a otros grupos mafiosos a afincarse allí, tras cero posibilidad de hacerlo durante la dictadura, época en que eran otros los que mandaban en la zona.
Cuando asesinaron en PJC al compañero periodista Santiago Leguizamón, en 1991, en el colega ya denunciaba todo tipo de tráfico que ciertos grupos, amparados por el régimen, realizaban libremente allí. Con el tiempo, aparecieron otros actores sobre los que otros medios y otros periodistas y los propios habitantes del lugar advirtieron. Y la respuesta de los sucesivos gobiernos de los últimos 34 años ha sido tibia, intermitente, efectista. Dejaron crecer al monstruo. Un factor clave es que quienes nos vienen gobernando desde hace 69 años, con apenas 4 años de alternancia en este plazo, son del mismo partido. Los cambios de gobierno fueron solo de hombres del mismo equipo y con la consigna tácita de que quien llega al poder, inicia un tiempo de gracia de 5 años para amasar toda la fortuna que pueda, donde quiere que le toque “servir”.
En este esquema han caído presidentes, ministros, directores, comisarios, jueces, fiscales, cualquiera que tenga alguna incidencia en el ámbito en que se desempeña en representación del Estado y de los ciudadanos. Y así en áreas donde las tentaciones del dinero están en el día a día, sin importar la fuente, han caído y siguen cayendo quienes, por su papel en la sociedad, deberían estar luchando contra el crimen organizado y contra la corrupción en todas sus vertientes.
Por eso el narcotráfico, el lavado de dinero, el tráfico de personas, la explotación sexual infantil, el rollotráfico, el armatráfico, el contrabando a gran escala, el sicariato y el nacimiento de feroces grupos criminales que desde las cárceles de Brasil, multiplicaron con células en las penitenciarías paraguayas.
Por eso hemos visto decapitaciones entre bandas rivales en la cárcel de San Pedro, y por eso vemos que desde las prisiones continúan dirigiendo sus negocios turbios vinculados principalmente al tráfico de drogas. Mientras la Policía otea el horizonte pensando en sus potenciales ganancias. Como consecuencia, ahora ya no quedan sitios seguros en ninguna parte del país. Y otro gobierno, del mismo partido político hegemónico, termina 5 años de mandato, sin que hayamos conocido algún plan a largo plazo para luchar frontal y sostenidamente contra el monstruo que alimentaron y dejaron crecer. Tampoco nos han sorprendido con algunas propuestas realizables e inteligentes los candidatos que compiten por llegar al sillón presidencial ni sus equipos. Lo que nos indica que todo seguirá empeorando y que pronto ya no habrá espacio público seguro para nadie. Cualquiera de nosotros podemos convertirnos en víctimas colaterales de las balas de un sicario en el estacionamiento de cualquier centro comercial o en la calle.
Ni siquiera aquellos, que con el dinero fácil y sucio creen estar protegidos y seguros, lo están ni estarán.