Si bien no está en contra de reactivar el tren, Rasmussen añadió que se pretende autorizar el inicio de las gestiones de un préstamo, con un fondo coreano, de USD 300 millones, pero aclaró que el Ejecutivo no necesita ninguna autorización para tal efecto. Explicó que el Ejecutivo de hecho firma todos los contratos de préstamo y después los envía al Congreso para su aprobación definitiva.
Al legislador también le intriga que se apruebe una subconcesión cuando Ferrocarriles del Paraguay SA (Fepasa) “ya tiene la autorización para subconsecionar porque tiene la concesión por ley”. “Se aprueba una subconcesión del tren de cercanías, de Ypacaraí a Asunción, a un consorcio coreano que todavía no está conformado. Eso es muy extraño. ¿Cómo autorizar que Fepasa haga una subconcesión para una empresa que todavía ni existe?”, cuestionó el parlamentario.
Al senador también le genera dudas la aprobación de un contrato de implementación, que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y Fepasa lo firmarán con el consorcio coreano, “pero no existe el contrato ni el consorcio”.
“Estamos dando un contrato en blanco al Ejecutivo. Directamente en el artículo 4 dice ‘facúltese al Poder Ejecutivo (a través del MOPC), a suscribir un acuerdo de implementación con el Consorcio Coreano liderado por KIND a ser conformado’ y con Fepasa”, advirtió el legislador.
Más. Rasmussen opinó que tal vez se puede aprobar el proyecto de ley como una carta intención, pero una vez que esten los documentos todo debe pasar por el Congreso. Alertó que la intención es ser cuidadosos porque “el problema mayor es que pase algo como el Metrobús”. “Hay que tener cuidado. La mejor manera es hacer una mesa de trabajo sobre el tema. De hecho, ni el Ejecutivo está de acuerdo, Obras Públicas y Hacienda tienen observaciones”, dijo.
Por otro lado, la Coordinadora de Comisiones Vecinales que se verán afectadas por las obras, entregaron ayer un documento a los senadores, según informó el abogado Wilfrido Fernández. En el texto reiteran la postura en contra del proyecto de ley. Señalan que se viola la ley de Contrataciones Públicas y que no se solucionaron los cuestionamientos “vinculantes” de Hacienda”, como “la ausencia de licitación”.
“(El proyecto) saltea al mismo MOPC que no estaba enterado de la presentación de este proyecto de ley”, señalaron en la nota.
