Janot declaró en la ciudad de Juiz de Fora (Minas Gerais, sureste) que existen “hechos concretos” para incrementar las medidas de protección para él y su familia después de que su residencia en Brasilia fue invadida a finales de enero pasado cuando se encontraba de viaje, según publicó el diario O Estado de Sao Paulo.
Una pistola, equipos fotográficos y otros objetos de valor no fueron sustraídos de la residencia, contó Janot, quien relató que solo el control remoto del portón automático de la casa fue llevado por los invasores.
Las declaraciones de Janot en Juiz de Fora, ciudad a la que viajó en un avión de la Fuerza Aérea Brasileña y en medio de un fuerte esquema de seguridad, fueron precisamente durante un acto de repudio contra el intento de homicidio al fiscal Marcus Vinicius Ribeiro Cunha, quien sufrió un atentado esta semana en esa localidad.
De acuerdo al diario, Janot se entrevistó ya con el vicepresidente brasileño, Michel Temer, y con el ministro de Justicia, José Eduardo Cardozo, con quienes habló sobre las amenazas.
Sobre la relación de las amenazas con el caso de corrupción de Petrobras, Janot señaló: “No sé, eso no lo puedo decir”.
El viernes, la Cámara de Diputados de Brasil instaló una comisión que investigará la corrupción en la petrolera.
El grupo tendrá un plazo inicial de 120 días para su investigación, ampliables por otros 60, y abordará las corruptelas, supuestamente, cometidas en Petrobras desde 2005 hasta la actualidad.
En sus trabajos, la comisión tendrá amplios poderes para convocar a testigos y suprimir el secreto bancario, fiscal y telefónico de cualquier imputado.
El caso de corrupción, también investigado por la Policía, ha resultado en el arresto de varios directivos de Petrobras y de decenas de directores de importantes constructoras que prestaban servicios a la petrolera.
Según la Policía, estos empresarios inflaban los precios de los contratos con Petrobras, se repartían parte de ese coste extra con directores de la petrolera y el resto del dinero se distribuía entre decenas de políticos que amparaban las corruptelas, por vías ilegales y legales, como la financiación de campañas electorales.
También en la noche del viernes, Dalton Avancini, presidente de la constructora Camargo Correa, y Eduardo Leite, vicepresidente de la misma compañía investigada, quienes están presos desde noviembre pasado en la sureña ciudad de Curitiba, aceptaron un acuerdo de delación premiada a cambio de reducción de pena.
