Esta medida, que supondrá una inversión pública de 60.000 millones de pesos (unos 1.000 millones de dólares), incluye una tarjeta que no permite extraer dinero del cajero pero sí comprar alimentos, y prestaciones para comedores escolares y comunitarios.
Asimismo, contempla políticas de “apoyo a la producción y comercialización de alimentos”, a través de la “creación y fortalecimiento de mercados populares”, el “financiamiento a productores de la economía solidaria” y el “apoyo a la producción de la agricultura familiar”.
Los destinatarios del plan serán “las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social y padecen inseguridad alimentaria”.
“Se atenderá a familias y comunidades en situación de pobreza, priorizando hogares con niños menores de seis años, mujeres embarazadas y personas con discapacidad. Se prestará especial atención a los adultos mayores y adolescentes que presenten dificultades para acceder a una alimentación adecuada”, según informa el decreto.
Además, el Ejecutivo elaborará “un sistema de monitoreo y evaluación de resultados e impactos” del plan, que busca también “promover sistemas de producción de alimentos a través del fortalecimiento de la economía solidaria”. El país atravesó en los últimos años, según el Gobierno, “un proceso de deterioro económico y social, manifestado en un considerable aumento de la pobreza, la indigencia y el desempleo”, con 14,4 millones de pobres. EFE