A pesar de haber transcurrido casi 25 años desde la caída de la dictadura, en 1989, la clase política todavía no ha madurado, al punto tal de hacer de las negociaciones un instrumento eficaz para alcanzar acuerdos que, en última instancia, redunden en beneficio de todos.
Una razón del no uso de esa herramienta válida en un orden democrático es que, con demasiada frecuencia, las conversaciones han sido para que los actores involucrados y sectores afines obtengan provechos particulares, olvidando que su función es alcanzar logros que aumenten la calidad de vida de los ciudadanos y signifiquen un paso adelante en el avance colectivo.
Es obvio que con esas intenciones no se necesitaban puntos de coincidencias programáticas ni información a la opinión pública acerca del contenido de lo acordado.
Hoy el rumbo de los hechos parece desvelar que los dirigentes de los dos partidos políticos tradicionales quieren obrar con más tino y responsabilidad. Es cierto que habrá que ver todavía en el plano de la realidad a qué conduce lo pactado, pero la impresión es que se pretende asegurar la gobernabilidad sobre líneas programáticas.
Una buena señal es que el diálogo muestra acuerdos sobre ejes que beneficiarían a un gran segmento de la población. Es el caso de la lucha para disminuir el impacto de la pobreza -entre el 30 y el 40 por ciento- a través de un plan de trabajo consensuado.
Las relaciones exteriores, el equilibrio del Presupuesto de Gastos de la Nación, la energía eléctrica vinculada al desarrollo, la seguridad y la lucha contra el crimen organizado; la modernización del Estado y la atención al campo, son los temas principales del borrador de acuerdo entre las partes.
Los consensos para ocupar cargos en el Congreso, la Justicia Electoral, la Defensoría del Pueblo, el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, atañen al reparto de cuotas de poder. Si los candidatos que van a proponer ambos partidos son profesionales idóneos e íntegros, el procedimiento no puede ser objetado. Será cuestionable si integran las listas incapaces y corruptos, que ingresan por sus conexiones políticas y no por méritos acumulados.
El grave peligro que entraña lo que exteriormente resulta auspicioso es que los buenos propósitos escondan un pacto de impunidad para funcionarios del Gobierno liberal investigados por la posibilidad de haber cometido delitos. Los partidos políticos no pueden convertirse en cómplices y encubridores de delincuentes.