Se trata del proyecto que previene y sanciona el conflicto de intereses y amplía la Ley Nº 5295/2014, que prohíbe el nepotismo en la Función Pública. Ayer figuraba en el orden del día de la Cámara de Diputados en un segundo intento para estudiarlo, pero finalmente no se analizó siquiera en la posterior sesión extraordinaria.
El primer intento fue la semana pasada, cuando había un supuesto consenso con las bancadas del Partido Colorado para aprobar la propuesta, pero los cartistas se retiraron en el momento crucial y dejaron sin cuórum la sesión.
El diputado Walter Harms argumentó que los demás legisladores, del Partido Liberal, Patria Querida y Encuentro Nacional, “quisieron atropellar para tratar proyectos que no eran urgentes”, mientras que Bachi Núñez, quien había prometido su voto, alegó que la propuesta no tenía dictamen. A su vez, el presidente de la ANR, Pedro Alliana, justificó que los funcionarios públicos trabajen en cargos estratégicos empresariales una vez que dejen de sus cargos en el Estado, atribuyendo incluso una mayor competitividad entre los sectores durante este proceso.
Es el sector que opera para legitimar el abuso de la puerta giratoria y apuesta a perfeccionar este sistema corrupto con la vuelta del cartismo al poder. Como advierte en su cuenta de Twitter la economista Verónica Serafini: “El problema de la puerta giratoria no es solo la circulación del sector público al privado. También del sector privado al público por el riesgo de captura regulatoria o influencia a favor de una empresa, rama o sector”.
En ese sentido explica que la tecnocracia como transferencia de conocimiento del sector privado a un ineficiente sector público es una falacia comprobada, tanto que países desarrollados tratan esta práctica como una forma de corrupción y, por tanto, la regulan.
Jorge Méndez, quien se había jactado de salvar prácticamente a la Industria Nacional del Cemento (INC), renunció a su cargo cuando los números de la empresa estatal favorecían a su gestión. Se retiró en mayo del 2018 para dedicarse al sector privado, donde lidera la empresa Cementos Concepción, de Horacio Cartes, quien durante su mandato se opuso a que una inversión italiana instale una cementera en el mismo departamento, lo que indica en realidad un abuso de poder para evitar una competencia a futuro.
Asimismo, Eddie Jara —quien se había desempeñado como presidente de Petropar— pasó a Enex, junto con el ex director de la petrolera estatal Enrique Galli Capurro, mientras que Ramón Jiménez Gaona salió impune del fiasco y pérdida que ocasionó el proyecto del Metrobús y terminó como gerente de Farmacenter.
En ese sentido, el proyecto de ley plantea un paso hacia adelante para evitar que estos hechos se vuelvan a repetir, teniendo en cuenta las recomendaciones de organismos internacionales, entre ellos las Naciones Unidas, así como antecedentes de otros países, como el caso de Chile.
El objetivo es evitar que durante dos años las personas que hayan ocupado cargos públicos trabajen en empresas de vinculación directa o que hayan participado en contrataciones. Así también obliga a presentar declaración jurada a los funcionarios y a sus familiares para determinar la existencia de un conflicto de intereses, en caso de no presentar este requisito o entregar datos falsos, las personas se exponen a una multa y a la prohibición de ocupar cargos públicos por 10 años. Pero en la agenda de los cartistas, este proyecto no tiene cabida porque va en contra de su pretensión electoral.
