Por más que se haya aclarado que no será el sistema de urnas electrónicas, los senadores casi en su mayoría temen la vulnerabilidad.
Dentro de ese contexto, el PDP (Partido Democrático Progresista) insistirá en una auditoría informática por parte de los partidos políticos.
Así lo había anunciado una de sus principales referentes en el Senado, Desirée Masi.
La misma considera que la institución electoral debe habilitar también la participación de los informáticos de los distintos sectores.
En una reunión con los ministros y asesores del TSJE, la legisladora había sostenido que de acuerdo a la Ley de la Información Pública, el acceso tiene que estar disponible para quienes quieran auditar.
Había anunciado incluso que su sector iba a hacer una presentación ante la institución electoral sobre el tema.
Insistió en la necesidad de que se pueda contar con apoderados informáticos, y cuestionó que se hable de una máquina boba porque todo se podía hackear.
Además, había reclamado que solamente un 20% de las máquinas iban a ser entregadas, y que el 80% restante recién estaría llegando dos meses antes de los comicios.
Había dicho que los equipos no se podían dejar en un depósito de una empresa ni en una casa particular, sino en la Justicia Electoral.
Fue uno de los asesores del TSJE, Carlos María Ljubetic el que estuvo repitiendo varias veces que supuestamente el hackeo es imposible.
Había alegado que las máquinas que pretende adquirir la Justicia Electoral permite el control dual del resultado.
Acotó que incluso se imprimirán los votos para que los electores puedan verificar.
Remarcó que se van a usar máquinas de votación, y que la organización recae exclusivamente en el TSJE.
“No tercerizamos el proceso electoral, solo alquilamos las máquinas”, manifestó.
Indicó que también se prevé la duración de baterías, para evitar cualquier inconveniente como los cortes de luz.
Refirió que la intención es que la máquina durante el proceso eleccionario ya no pueda ser manipulada por ninguna persona.
