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El Paraguay debe dejar de ser el paraíso de las operaciones ilegales

El reciente cambio de la máxima autoridad de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) pone en una difícil situación la institucionalidad económica, dado que en unas semanas más Paraguay será objeto de evaluación sobre sus avances en la materia. Debido a las debilidades que el país tiene para regular, controlar y penalizar el lavado, corremos el riesgo de entrar a una lista gris, lo que afectará a su imagen y, por ende, a la calidad de su inserción internacional. Esperemos que el nuevo ministro pueda dar continuidad al trabajo que se estaba realizando, a manera de llegar a la evaluación en relativamente buenas condiciones.

En pocas semanas más, Paraguay será sometido a una ronda de evaluación por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional de Latinoamérica (Gafilat). En el 2008, luego de una evaluación similar realizada en conjunto con el Fondo Monetario Internacional (FMI), nuestro país entró a una lista gris por las deficiencias que tenía en su Sistema Antilavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT). En el 2012 volvió a salir gracias a la aprobación de varias leyes.

El Gafilat es un organismo intergubernamental regional que agrupa a 17 países de América del Sur, Centroamérica, América del Norte y el Caribe para prevenir y combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FPADM). El monitoreo y las evaluaciones que realiza en el marco de un trabajo de cooperación entre pares buscan mejorar las políticas nacionales de prevención y combate a dichos temas y profundizar vínculos entre los países, como los relativos a los flujos de información.

El pronóstico actual no es muy bueno, teniendo en cuenta que existieron pocos avances desde 2012 e inclusive existen fallas graves tanto desde el Poder Ejecutivo en su capacidad para detectar y controlar como del Poder Judicial para penalizar.

El Instituto de Basilea –afiliado a la Universidad de Basilea– publica anualmente desde el 2012 el índice antilavado de activos (ALA), construido a partir de 14 indicadores usando fuentes del Grupo de Acción Financiera Internacional, Transparencia Internacional, Banco Mundial y Foro Económico Mundial.

El índice está diseñado para indicar el nivel de riesgos o vulnerabilidades de lavado de activos y financiamiento terrorista dentro de un país. Paraguay desde el 2012 se ha mantenido entre los países de alto riesgo, solo debajo de países, como Irán, Afganistán, Kenia o Liberia. En Latinoamérica está entre los peor ubicados, cerca de Haití, Bolivia y Panamá y muy lejos de Chile y Uruguay.

Uno de los pasos más importantes dados para mejorar la posición de Paraguay frente a esta evaluación fue el envío por parte del Poder Ejecutivo al Congreso Nacional a finales del 2018 de un paquete de doce proyectos de leyes para ajustar las normativas locales a los requerimientos que establecen las recomendaciones que realiza el Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el combate al lavado de activos.

Sin embargo, la aprobación de leyes no es suficiente. El país deberá demostrar que tiene fortaleza en sus mecanismos de coordinación y de información para detectar y prevenir operaciones sospechosas y que es capaz de penalizar estos actos cuando se realicen. En estas últimas acciones es donde más desafíos existen, ya que, como la prensa ha dado a conocer, existen muchos casos que no han podido prevenirse y pocos casos son debidamente condenados por la Justicia.

Una evaluación positiva pondrá al Paraguay en mejor posición como país serio, seguro y predecible, con mayores posibilidades de lograr una inserción internacional que beneficie al desarrollo.

Hasta ahora lo que estamos mostrando es que es muy fácil y poco costoso realizar negocios y transacciones ilícitas en nuestro territorio.

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