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El país requiere con urgencia una política de transporte público

El transporte público es un servicio esencial para la productividad, la calidad de vida y el ambiente. A pesar de eso, no existe una política pública; solo hay intervenciones aisladas, parciales, coyunturales y reactivas, sin evaluaciones y algunas sin resultados, pero con alto costo económico como es el caso del Metrobús. En este escenario pierden el sector público y la ciudadanía, mientras que el único ganador pareciera ser el sector privado, por eso se mantiene ofreciendo servicios tanto de transporte como de obras públicas. Si le fuera mal ya no estaría en el mercado. Esta situación continuará hasta que haya una política pública integral que dé señales claras sobre objetivos, metas y costos en el corto, mediano y largo plazo.

Con el actual servicio de transporte público se pierden horas laborales, el trabajador rinde menos, asiste en condiciones que poco favorecen el buen desempeño y se ponen obstáculos a cualquier aumento de la productividad y competitividad.

La ausencia de servicios nocturnos y la falta de previsibilidad en los existentes reducen las oportunidades económicas tanto para quienes buscan empleo como para quienes lo ofrecen. El mercado laboral está creciendo en el sector terciario en servicios hoteleros, centros comerciales y gastronómicos que generan todo tipo de ocupaciones. Sin embargo, la rama que debe funcionar bien de manera complementaria a esta expansión es justamente la que peor desempeño tiene.

Jóvenes y mujeres son los principales afectados ya que estos sectores tienen fuerte impacto en el empleo juvenil y femenino. Empresarios, funcionarios públicos y autoridades citan en sus discursos a estos dos grupos; sin embargo, a la hora de cumplir con sus respectivas responsabilidades se olvidan del “futuro de la patria” y de la “gloriosa mujer paraguaya”.

A los altos costos económicos y de oportunidad se agregan los efectos negativos en la calidad de vida. Las largas horas en el tráfico para asistir a los establecimientos educativos o a los servicios de salud, la imposibilidad de disfrutar actividades deportivas, culturales o recreativas, o las limitaciones para tener vida social o familiar activa llevan a frustraciones y reducen el bienestar en las familias.

Una dimensión que pasa desapercibida muchas veces es el rol que tiene la política de transporte público en la seguridad ciudadana.

Ciudades exitosas en la reducción de la delincuencia tuvieron como un componente principal de su estrategia la implementación de sistemas de movilidad. La mala gestión de la movilidad ciudadana conlleva también altos costos ambientales. La contaminación y el excesivo consumo de energías no renovables son efectos directos.

De la mano de todos estos costos está el desvío de recursos públicos hacia infraestructuras para descongestionar el tráfico que generan los vehículos privados, como los viaductos y los accesos a los centros urbanos, restando recursos para otras obras que tienen mayor retorno social, como los desagües pluviales.

En la última semana, Asunción y su área metropolitana fueron testigos de los destrozos que ocasionó el déficit en este servicio con costos no solo para los automovilistas. Una importante proporción de la ciudadanía fue perjudicada de alguna u otra manera por el problema.

A pesar de los vínculos que tiene la movilidad con la economía y la vida social, y del fuerte peso en el costo de vida y, por lo tanto en la inflación, –después de los alimentos es el rubro más importante en la canasta familiar– no hay una política pública que beneficie a la mayoría.

Esta semana se incrementaron el subsidio y el pasaje, en un contexto de incumplimiento de las normas vigentes por parte del sector empresarial y de pésima calidad del servicio. El Gobierno no puede continuar con medidas coyunturales sin evaluar los resultados de las acciones realizadas y sin contar con una propuesta de mediano y largo plazo para cambiar la situación.

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