La mayoría oficialista entre los diputados logró imponerse y sacar adelante un dictámen de comisiones que avala la discusión en la cámara baja de la iniciativa girada al Parlamento el pasado 21 de octubre por la presidenta argentina, Cristina Fernández.
Vista de las oficinas de la Administradora de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) Consolidar, controlada por el BBVA, en el centro de la ciudad de Buenos Aires. EFE | Ampliar imagen
La oposición, en tanto, no pudo consensuar una estrategia común en rechazo a la iniciativa gubernamental y presentó cinco dictámenes de minoría.
El proyecto que se debatirá el jueves en Diputados y que, de ser aprobado, pasará luego al Senado incorpora algunos cambios respecto a la iniciativa original que apuntan a reforzar los controles sobre los millonarios fondos, valorados en unos 30.000 millones de dólares, que pasarán a ser administrados por el Estado.
De recibir el visto bueno del Parlamento, significará el fin del régimen de capitalización instaurado en 1994, del que participan diez administradoras de fondos de jubilación y pensión (AFJP) controladas por bancos y aseguradoras de capitales europeos, estadounidenses y argentinos.
El Gobierno argentino ha alegado que la urgencia de la reforma se debe a la fuerte caída de la rentabilidad de los fondos, invertidos en bonos públicos y acciones que se han desplomado en las últimas semanas, lo que compromete los ingresos de los futuros jubilados.
Sin embargo desde la oposición, aunque en muchos casos coinciden en que el régimen de capitalización no dio los resultados que se esperaban hace catorce años, afirman que el Gobierno pretende nacionalizar los fondos para asegurarse recursos que le permitan hacer frente a abultados pagos de deuda en 2009, que será además año de elecciones legislativas.
En este marco, dirigentes de la oposición, entidades agropecuarias, empleados y directivos de las AFJP convocaron a una marcha para mañana ante la sede del Parlamento para expresar su rechazo a la reforma del sistema de jubilación.
