“Debemos presentar ante la CIJ nuestra narrativa con solidez jurídica”, enfatizó Grossman, quien recalcó “que no existía una obligación de negociar acceso soberano”.
En su opinión, “esta narrativa jurídica también tiene un componente político, del cual el encargado es el ministro de Relaciones Exteriores (Heraldo Muñoz), desde luego asesorado por nuestro equipo jurídico”, explicó en declaraciones al diario El Mercurio.
Grossman, expresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, indicó que lo que viene ahora es la preparación de la respuesta de Chile a la réplica de Bolivia, que tendrá lugar a fines de marzo.
“Después de esa réplica, tenemos seis meses para presentar nuestro último escrito y, unos meses después, vendrán los alegatos orales. Ya estamos abocados exclusivamente a pensar en posibles argumentos adicionales de Bolivia para usar eficientemente nuestro tiempo”, aseveró.
“No voy a dar detalles de nuestros argumentos por razones obvias”, subrayó el experto que afirmó que esta será la fase pública.
En abril de 2013, Bolivia presentó una demanda ante la CIJ para obligar a su vecino a negociar una salida al mar, lo que supondría cuestionar el tratado de 1904 por el que se establecieron las fronteras entre ambos países, según el canciller Muñoz.
En septiembre de 2015, el tribunal de Naciones Unidas se declaró competente para tratar el asunto.
El Gobierno chileno presentó en julio pasado su respuesta a los argumentos que dio la nación andina para justificar su demanda y los agentes de ambos países ante la Corte pidieron en septiembre una segunda ronda de alegaciones por escrito.
Bolivia tiene plazo hasta el 21 de marzo de 2017 para presentar su réplica, mientras que Chile deberá entregar su dúplica hasta el 21 de septiembre del mismo año.
El nuevo agente de Chile ante la demanda de Bolivia en La Haya, que reemplazó al exsecretario general de la OEA José Miguel Insulza, el pasado 23 de noviembre, defendió a sus antecesores Felipe Bulnes e Insulza, quienes no tenían dedicación exclusiva en el caso.
“Permítame señalar, en primer lugar, que en la acción ante la CIJ mis antecesores contribuyeron a la defensa jurídica, aportando sus valiosos conocimientos y experiencias y formulando profesionalmente nuestros argumentos”, dijo.
“Este es el momento de que todos estemos unidos en la defensa jurídica de nuestras posiciones”, añadió el experto y señaló que él se desligó de casos pendientes y que no tomará otros.
Aseguró que después de 21 años renunció al decanato universitario en el que se desempeñaba y no tiene conflicto alguno de intereses.
“No hay límite alguno a mi desempeño profesional. Mi único caso es y será este”, concluyó.
Además de esa disputa legal, los dos países se enfrentan en la CIJ por una controversia acerca de la naturaleza de las aguas de la zona del Silala (suroeste), que el país andino considera manantiales propios y sobre las que Chile dice que forman un río de curso internacional que tiene derecho a aprovechar.
