Rocío Figueroa, vocera de la Cámara de Representantes e Importadores de Productos Farmacéuticos, Tocador, Domisanitarios y Afines (Cripfa), dijo a Monumental 1080 AM que estuvieron el anunció de “una economía de guerra” que dio el ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos.
“Nosotros no tenemos ninguna comunicación oficial por parte del Ministerio de Economía, por parte del ministro Carlos Fernández. Estamos escuchando, entre ayer y hoy, sus declaraciones y en algún momento habló de una sesión de pagos para las farmacéuticas que no va a ser el monto de la deuda”, indicó.
Desde el Gobierno mencionaron que “la economía de guerra” se trata de tener un gasto inteligente de los recursos públicos.
Se priorizará el pago de siete ítems fundamentales, que son salarios, jubilaciones, inversiones atrasadas con constructoras y farmacéuticas, subsidio al transporte y los programas como Hambre Cero, Adultos Mayores y el servicio de la deuda pública.
Figueroa indicó que la deuda histórica del Estado con el sector es de casi USD 800 millones.
“Tenemos que esperar la comunicación oficial y ahí ver qué nos plantean. No queríamos entrar en términos técnicos porque a veces se confunden muchas cosas, pero acá hay una gravedad en el sentido de que es salud, el Ministerio de Salud”, puntualizó.
En ese contexto, mencionó que pagan diferentes fuentes, tiene todo lo que es medicamentos, tiene toda una parte de servicios, tiene otra fuente que es equipamiento, mantenimiento de ecógrafos, mamógrafos y todo lo que es maquinaria para el servicio hospitalario y una fuente judicial, que es la famosa fuente 915.
“En estas fuentes, donde se utilizan los fondos para pagar todo lo que es amparo, ese presupuesto es un presupuesto anual de USD 20 millones de aproximadamente, que tiene un gasto anual real de USD 120 millones. En todo lo que es amparo, cáncer, enfermedades catastróficas”, se explayó.
Puede leer: ¿De qué se trata la “economía de guerra” que impulsará el Gobierno?
Igualmente, advirtió que hay otra deuda de USD 130 millones que se arrastra desde el 2024, porque hubo una cesación de pagos en todo lo que es la fuente judicial.
Los USD 20 millones presupuestados para todo el año ya se agotaron entre enero y febrero y provocaron que los proveedores dejaran de presentarse a los llamados y que los pacientes con sentencias favorables no estén recibiendo sus medicinas.
A su criterio, esta situación no solo afecta la liquidez de las empresas y pone en riesgo puestos de trabajo, sino que el golpe más fuerte recibe el paciente.
“El más golpeado en este momento es el paciente. El paciente hoy no está recibiendo, tiene que hacer toda una peregrinación judicial para llegar a tener una asistencia a través del amparo y otra vez le dicen que la licitación fue declarada incierta”, manifestó.
