El proceso contra la corrupción de Brasil es contundente e imparable. Es el telón de fondo que eligió al nuevo presidente, encarceló a pasados presidente y vicepresidente. Sobre todo está siendo legitimado por una de las mejores campañas publicitarias de la era digital: la famosa miniserie O Mecanismo, de Netflix, tornando al mundo un interesado espectador de los sorprendentes desenlaces. La realidad supera a la ficción.
Paraguay pasa a ser parte del escenario de la segunda temporada de la miniserie. Esto moldea fuertemente las percepciones y afecta nuestra marca país. En un mundo donde el escándalo de los Panamá Papers ahuyentó las inversiones en Panamá, y mientras que Paraguay necesita aumentar su inversión directa extranjera, no existe la más mínima duda de que es necesario un contundente e inmediato upgrade de la legislación paraguaya en el aspecto de lavado de dinero y compliance. Se viene más rápido de lo que podemos procesar, y nos cambiará la forma de trabajar.
La cómoda libertad que gozamos dará lugar a una repetitiva demostración que cada transacción es legítima. A los honestos les dará más trabajo y creará un riesgo adicional de que debemos ser fiscalizadores implícitos de con quienes tratamos, y a los deshonestos impondrá una vara más alta para su creatividad financiera. Al inicio serán los honestos los que pagarán los más altos costos de la burocracia en contra de sus limitados márgenes. Los inocentes errores contables podrán ser interpretados como acciones de lavado de dinero. Vamos a vivir en un mundo más paranoico y expuesto. Las sociedades anónimas no serán más anónimas; las personas jurídicas no servirán más de protección, pues habrá que declarar los “beneficiarios finales”, que son las personas físicas realmente propietarias de los bienes.
Como el Estado no consigue controlar, ya comenzaron las acciones de tirarle al sector privado la responsabilidad de controlar. El mejor ejemplo es la Resolución N° 56 emitida por la Seprelad para las transferencias al exterior con fines comerciales, donde ahora los bancos deben de hacer los trabajos de verificación. Cuando el paquete de leyes antilavado sea aprobado, tendremos una considerable cantidad de controles y tareas adicionales.
El Paraguay necesita –en términos de legislación, de tipificación de delitos, de información económica– llegar a nivel de países desarrollados para mejorar su credibilidad, su atractividad como destino de inversiones, y del ansiado grado de inversión. El tema es que si al sector privado se le va a imponer un mayor costo y una vigilancia más intensa, que lo mismo aplique al Estado, pues todo esquema criminal necesariamente requiere de connivencia y complicidad con funcionarios estatales.
El ejemplo debe de comenzar por casa y el modelo debe de dar el mismo Estado. Veamos, en la actual discusión sobre la modificación de las leyes tributarias, todos concuerdan en un aspecto: que a la par mejore la calidad del gasto público. Porque si vamos a pagar más impuestos es para que nos retornen como inversiones verdaderas y no malgasto y despilfarro. En el ámbito del lavado de dinero, si vamos a cumplir con este exigente paquete de leyes, preciso es que el crimen de “enriquecimiento ilícito” de funcionarios del Estado genere condenas, que la publicación de las declaraciones de bienes de funcionarios acontezca, que los demorados procesos judiciales de los malversadores concluyan en condenas ejemplares. No solo porque el principio de igualdad se debe aplicar para todos, sino porque sin una igual rigurosidad y sanción a los funcionarios del Estado no mejorará en nada la imagen país ni tampoco disminuirá la corrupción.
El objetivo final es ser vistos como más serios, más seguros, más previsibles, más distantes de un paraíso fiscal. Y mucho más cercanos a un país limpio donde invertir es una buena opción. Que las nuevas leyes se apliquen para todos.
