Los soldados, quienes disfrutaban de días de descanso, cruzaron desarmados el río Bobonaza cuando a la altura de la comunidad de Sarayacu “fueron capturados y retenidos ilegal e inconstitucionalmente”, explicó en un comunicado el ministerio.
El suceso fue condenado ayer por el presidente del país, Rafael Correa, quien dijo que, según afirma la propia comunidad indígena, los militares fueron retenidos cuando “circulaban de manera irregular, sin antes consultar al pueblo” Sarayacu.
El mandatario calificó el hecho de “inconstitucional”, porque la Carta Magna garantiza la libre movilidad de las personas por el territorio nacional, incluso si se tratara de tierras ancestrales.
El Ministerio de Defensa subrayó hoy, en la misma línea, que los miembros de las Fuerzas Armadas, al igual que todos los ecuatorianos, tienen derecho a la libre movilidad por el país, por lo que “esta retención forzada es un secuestro que constituye un atentado al Estado de Derecho y a la seguridad nacional”.
“El Gobierno Nacional reconoce los territorios ancestrales, pero asimismo reconoce los derechos humanos de todos los ecuatorianos”, sostiene la nota.
La comunidad Sarayacu, en un escrito leído ayer por Correa, señala que la retención de los soldados se debió al estado de excepción declarado por el Gobierno en la vecina provincia de Morona Santiago, donde se han registrado fuertes disturbios por la oposición de grupos indígenas a la operación de una minera china.
Tras los incidentes, en los que un policía falleció y otros cinco resultaron heridos, al igual que dos militares, el Gobierno dispuso un despliegue de la fuerza pública para encontrar a los responsables de los incidentes y seis personas fueron detenidas en el proceso de investigación.
En su texto, el colectivo indígena expone que se vio “en la necesidad de aislarlos (a los soldados) para consultarles cuál era el propósito y hacia dónde se dirigían”.
El Ministerio de Defensa subraya en su comunicado que el Estado ecuatoriano es el responsable de la seguridad nacional y que las Fuerzas Armadas apoyan a la Policía Nacional “con cabal respeto a los derechos humanos y la Constitución de la República”.
“Los militares en la provincia de Morona Santiago no representan ningún riesgo para la comunidad, como han mencionado algunos dirigentes indígenas, todo lo contrario, sus acciones tienen la finalidad de garantizar la seguridad ciudadana y restablecer el orden interno”, indica.
