EFE
Así lo adelantó Ibarra en una entrevista para la radio local La Red, donde sugirió que en lo que queda de mes se pueden producir más despidos si se confirman irregularidades en los procesos de contratación de los mismos, aunque evitó concretar el número de convenios laborales que no se renovarán.
“Podría haber más cesanteados si hay contratos que no cumplen funciones específicas o tienen origen de militancia financiada con dinero público”, afirmó el titular de Modernización, al tiempo que explicó que el Ejecutivo que preside Mauricio Macri marcó un plazo de tres meses para analizar los contratos en cada área de Gobierno.
De hecho, los despidos de funcionarios públicos en Argentina comenzaron al poco de la asunción de Macri, quien a principios de enero aplicó un decreto para revisar irregularidades en los contratos estatales firmados durante los últimos tres años.
Así, el Gobierno anunció que no renovaría miles de convenios que vencían el pasado 31 de diciembre en diferentes departamentos del Estado, mientras que en el Senado, la vicepresidenta argentina, Gabriela Michetti, rescindió los contratos de unos 2.000 empleados firmados por su antecesor, Amado Boudou.
Este cúmulo de despidos se unió a la decisión, también en enero, de no renovar a más del 80 % del personal del Centro Cultural Kirchner de la capital argentina y a la rescisión de más de 500 contratos en el Ministerio de Justicia.
Ya a principios de febrero, un estudio elaborado por el Observatorio del Derecho Social de la Central de Trabajadores de Argentina (CTA) contabilizó unos 19.000 despidos o no renovaciones en organismos estatales.
La ola de despidos de funcionarios indignó a los sindicatos de trabajadores públicos, por lo que uno de los gremios mayoritarios del sector, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), convocó para este miércoles una huelga y una manifestación en señal de protesta por las decisiones del Gobierno en este sentido.
