No acaba de asentarse el polvo del enorme remezón que sufrió la oposición la noche del 30 de abril. El cuestionamiento sobre el proceso electoral se encuentra todavía dividido entre los que denuncian un fraude masivo y aquellos que revelan incongruencias más localizadas y puntuales. La posición atribuible a Cruzada Nacional y su vocera Yolanda Paredes, es probablemente la más extrema, argumentando que ellos ganaron. Efraín Alegre, en cambio, intentó posicionarse como líder de un movimiento por la transparencia, admitiendo que él no tenía pretensión de haber ganado las elecciones.
Mientras tanto, el proceso institucional del TSJE ha venido avanzando apartado del barullo externo, pero con presencia y participación de los apoderados de las distintas fuerzas políticas. Es así como ya se ha llegado a la etapa de juzgamiento final y se avizora una proclamación para el 9 de junio.
A medida que se ha desarrollado este proceso, los voceros de la oposición y miembros de la Concertación se han venido desgajando. Por un lado, los senadores electos del PLRA y el gobernador electo de Central declaraban que las posiciones de Efraín Alegre eran individuales, no institucionales. Voceros del tercer espacio también han tomado distancia, llamando a dar vuelta la página y pensar más bien en qué les espera en el próximo ciclo político.
Pensar en lo que se puede esperar en este ciclo que se inicia presenta, efectivamente, graves complicaciones para la oposición. Para encarar esa pregunta cabe hacer la distinción entre la política parlamentaria y la política entendida como el conjunto de fuerzas y actores que se debaten a nivel de la sociedad para defender intereses, lograr objetivos y cambiar la correlación de fuerzas.
A nivel parlamentario, lo que vemos es una oposición muy disminuida. Si tomamos el Senado como referente, se perfila una probable competencia entre el PLRA y Cruzada Nacional, con un tercer espacio apenas sobreviviendo. Esto desbarataría cualquier acción conjunta significativa. Ante la imposibilidad de conjugar las voluntades de la oposición, la única manera de lograr avances legislativos significativos quedaría en manos de que una de las bancadas de la ANR negocie la adhesión de miembros de la oposición para obtener una mayoría en un tema o nombramiento. Esta posibilidad va a depender mucho de la interna colorada, que oscila entre los beneficios de la unidad y los de la identidad propia.
El Partido Colorado tiene una posición por la que muchos gobiernos en el mundo pagarían oro. Mayoría absoluta en ambas cámaras. El Ejecutivo podría usar ese valioso capital político para llevar adelante las reformas que se propone. La cuestión sería cuáles reformas y para beneficiar a quiénes. Si las mismas van por la senda de mayores oportunidades, mayor inclusión, mayor calidad del gasto público, medidas, en fin, que ayuden a sacar al país del estancamiento en el que está metido, el rol de la oposición será más bien de acompañamiento. Sin embargo, si esa mayoría sirve para perpetuar la sociedad amañada, sirviendo a los mismos de siempre, ocultando la corrupción y dándole espacio al crimen organizado, la política se desplazaría más bien fuera del Parlamento, pues la oposición parlamentaria se vería incapaz de frenar los abusos.
El fenómeno Payo y los votos a favor de la Concertación han demostrado que las aguas no están quietas. Hay descontento y hay un malestar que se puede traducir en protestas, reclamos, movilizaciones y hasta en violencia. Santiago Peña y la mayoría absoluta del Partido Colorado no tienen un cheque en blanco en sus manos. Lo ha dicho el propio presidente electo, diciendo que le preocupaba ese 57% que no lo votó. Es, cierto, un 57% amorfo que no se puede caracterizar de una manera homogénea. Sin embargo, si una parte significativa de esa masa no encuentra una representación efectiva a nivel parlamentario, las chances son de que se vuelque a una oposición distinta, no parlamentaria, sino una compuesta de liderazgos y movimientos ciudadanos y sociales.
