En plena tercera ola de la pandemia, Colombia estalló en manifestaciones sociales detonadas por un proyecto de reforma tributaria que el gobierno de Iván Duque, ante la presión ciudadana, se vio obligado a retirar del Congreso. La propuesta es cuestionada, en algunos puntos, hasta por el partido Centro Democrático, oficialista. Al momento de realizar esta entrevista, la situación sigue tensa, prosiguen las marchas y, en muchas de estas, los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Hay muertos y heridos. Como repercusión de la crisis renunció el ministro de Hacienda, primero, luego la ministra de Relaciones Exteriores. El embajador Sierra responde aquí a varias preguntas con las que intentamos comprender lo que sucede en su país.
–¿Por qué continúan las manifestaciones aun habiendo retirado el Gobierno el proyecto de ley de reforma tributaria considerado la gota que colmó la copa?
–Cualquier reforma tributaria es absolutamente impopular allá o en cualquier país. Aquello que signifique gravar de impuestos, cuando el contribuyente no los ve reflejado, se ahonda aún más esa falta de credibilidad en el Estado y en cómo se van a gastar esos recursos.
El año pasado fue atípico y difícil porque las finanzas públicas se destinaron a otras cosas que eran prioritarias en ese momento: salud, saneamiento básico, hospitales, camas, médicos, etc., etc. Esto hizo necesario que en Colombia, específicamente, saliera una reforma, porque el Estado debe subsidiarse de alguna forma para seguir con todos los programas sociales que adelanta el Gobierno. En este contexto, se plantea esta reforma.
Se presentó el proyecto, y eso derivó en una explosión de la gente, en manifestaciones airadas de las personas, por el año que se pasó y lo que se vive en un marco de pandemia, y condujo a unos actos sobre los que ya todos conocen.
–¿Cuál es el plan B del Gobierno para garantizar la continuidad de los programas sociales destinados a los sectores vulnerables?
–La columna vertebral de esa reforma tenía dos ramas: una es la sostenibilidad de la ayuda a los más vulnerables y la otra, equilibrar la balanza financiera, o sea la caja del Estado. Hay una cantidad de proyectos sociales que el Gobierno viene financiando. El año pasado, por la pandemia, financió empresas, nóminas, adultos mayores, acceso gratuito a las universidades públicas.
La reforma pensaba gravar a la clase media alta. Entonces es desinformación decir que íbamos a gravar la canasta básica. Falso. Tampoco planteaba gravar los servicios públicos ni los servicios funerarios, como salió en todas las redes. Debe haber una reforma y el Gobierno tiene que buscar unas acciones con las mesas de concertación, diciendo: “La caja está desfinanciada, tenemos que conseguir unos recursos”.
–¿Cómo obtendrán esos recursos?
–Saldremos al mercado internacional. Afortunadamente, Colombia tiene una buena calificación internacional como sujeto de crédito, para que nos preste el Banco Interamericano de Desarrollo y otros. Se buscará un dinero por vía internacional, pese a que endeudarse más no es una buena práctica, pero la coyuntura obliga a salir a buscar dinero.
–¿Afecta a esa intención el que continúen las marchas?
–Claro, claro, tiene una repercusión. La foto de hoy con las protestas hacen que esas calificadoras de riesgo digan: “Aquí hay un riesgo inminente, no podemos prestarle los 50, pero le vamos a dar 20”. Ahí estamos. Todavía se puede negociar un préstamo, no con la misma fuerza que llegaríamos sin estas condiciones actuales.
–¿Cómo poner paño frío a la situación recurriendo solo a un préstamo internacional, cuando además de las demandas actuales, existen otras anteriores no atendidas? Recordemos que el movimiento Paro Nacional es de 2019 cuando se reclamó reforma de la policía, implementación del Acuerdo de Paz de 2016, y un nuevo modelo económico.
–Nosotros tuvimos teóricamente un proceso de paz, con pomposas manifestaciones, con un nobel de la Paz. Sin embargo, ¡cuánto le costó al Estado el proceso de paz! Tenemos unos congresistas que del monte pasaron a ocupar 10 escaños en el Congreso, 5 en el Senado, 5 en la Cámara. Tenemos unas personas que en teoría debían devolver unos bienes, debían haber dicho dónde están enterradas las personas, cuántos niños había, pero, sobre todo, que tenían que devolver los dineros.
Las FARC era el cartel de drogas más grande del mundo, con más dinero y más influencia no solamente en América y en Europa.
–¿Y qué pasó con esos compromisos?
–No pasó absolutamente nada. Esos compromisos no se cumplieron, no se dieron. Las FARC tienen unos señores legislando en el Congreso unas leyes y tienen unas personas en el monte. Es como si aquí al EPP le cambiaran el nombre y le pusieran “marcha paraguaya”. Al campesino no le importa qué brazalete lleva el guerrillero. Esas manifestaciones de violencia no se pueden seguir dando, y hoy tenemos todavía ataques a puestos de policía, boleteos, extorsión y las hectáreas de coca. Hoy tenemos una cúpula paralela de las FARC delinquiendo en las montañas y con un brazo armado en el Congreso.
–Pero muchos de los que se manifiestan hoy en las calles son los que crecieron en un ambiente de guerrilla y que no quieren volver a vivir así....
–Hay un adoctrinamiento en estas nuevas juventudes por aquello que han querido llamar el Nuevo Socialismo del Siglo XXI, el tipo de modelo que quiso implementar Venezuela. A esos jóvenes que crecieron en la guerrilla, obligados, y a quienes dijimos entréguennos todos las bases de datos y los metemos a la vida civil, y no les daremos el tratamiento de ex guerrillero, pero no se ha dado esto. Si se hubiera dado sería una panacea y tendríamos un país produciendo, un país en igualdad, y la paz se hubiera dado en la práctica, más allá de los papeles firmados.
–¿Es factible que se declare el estado de conmoción interior si persisten y se tornan incontrolables los desmanes durante las manifestaciones?
–Ese es un mecanismo que se utilizó recientemente para el tema de la pandemia. El Congreso debe aprobarlo y es solo por 30 días prorrogables a 90. Yo no creo que se pueda dar un estado de conmoción interior, dado que esto otorga unas facultades para cambiar por decreto, sin vía legislativa, una serie de situaciones.
Creo que el clima político no está para ello, si sumamos que estamos en un año preelectoral. Es una dinámica y un incentivo para los partidos políticos que ven que si el Gobierno no está haciendo bien las cosas, lo único que están diciendo es que a Colombia le debe gobernar la izquierda y eso es lo que crece en las universidades públicas y privadas. Creo que el camino está en avanzar en las mesas de diálogo.
–Colombia está entre los países con mayor desigualdad y con muchos pobres. ¿El proyecto de reforma tributaria que se retiró era el salvavidas?
–No, no. Ojalá encontrara cualquier país con la fórmula mágica para que con un proyecto de reforma tributaria pudiera resolver todos los problemas. La desigualdad y la pobreza constituyen una deuda de décadas. Colombia es un país que ha vivido en conflictos por más de 60 años. Tenemos la guerrilla más vieja del continente. La reforma lo que trataba era equilibrar las finanzas del Estado en este año y tener los recursos para los programas sociales básicos. Y esto tampoco va a solucionar los problemas estructurales, el hueco fiscal es bastante grande, y el año inmediatamente anterior dejó prácticamente sin reservas a los países.
El Gobierno pretende que esos programas sociales y las finanzas del Estado logren tener unos niveles mínimos para subsistir y pasar el año.
Otra cosa que hay que decir: todas las reformas que se plantean, se tienen que votar en el Congreso y van a tener su aplicabilidad en el 2022 en adelante. Hoy, con una Colombia dividida, incendiada y en pandemia, el tema es soslayar un poco este año y mirar si en el próximo podemos estar un poco más estables.
–Organizaciones de DDHH y la ONU expresaron preocupación por las pérdidas humanas y heridos que se están dando y por los abusos policiales.
–Las protestas cuando son dentro del marco de lo pacífico y coordinadas con las alcaldías para brindar las condiciones de marchar, pues tienen una policía que es el escuadrón antidisturbios. Estos no usan armas letales, sino balas de goma, gases lacrimógenos, bastones, etc. Nunca armas letales. ¿Qué ha pasado?
Bueno, cuando atacaron los comandos de atención inmediata (CAI), que son unas estaciones policiales pequeñas, que cubren un barrio, efectivamente los policías de esos pequeños puestos, al verse amenazados, atacados, realizaron disparos al aire. De pronto le dispararon y ellos, que no son antidisturbios, repelieron el fuego.
El Estado no va a decir jamás que no ha habido inconvenientes. Claro que los ha habido, pero también encontramos gentes dentro de esas mismas marchas que han sido pagas. Personas a las que les pagan 100.000 pesos, le dan el almuerzo, y les dicen que vayan a gritar y arengar y, al mejor estilo de Hollywood, a grabar escenas donde aparecen como víctimas y que son las imágenes que circulan en redes. Independientemente, hay numerosos policías que están judicializados porque han cometido excesos. Eso hay que decirlo, pero son propios del mismo conflicto.
–Las fuerzas de seguridad están muy cuestionadas por los excesos cometidos no solo ahora...
–La policía de Colombia es de las más profesionales en todo el mundo. Tenemos un Ministerio de Defensa que articula a todas las instituciones de seguridad del Estado: Fuerza Aérea, Armada, Policía y Ejército.
Y aunque se quiera vender algo diferente, Colombia es un Estado social de derecho. Lucha porque a la gente de bien, que sale y marcha, se le garanticen todos sus derechos. Que en el marco de las protestas encontramos personas con otras motivaciones, preelectorales o móviles diferentes, como saquear los comercios. Este tipo de violencia no le hace mucho bien a ningún país.
Si se dan cuenta, es la versión 2.0 de lo que pasó en Chile, aunque con otros tipos de reivindicaciones. Las mismas arengas que en Guatemala, en México, en El Salvador. Tienen el mismo modo.
–¿Y qué hay detrás de los desmanes o vandalismo, según el Gobierno?
–Un modelo que quiso implantar el señor Hugo Chávez en Venezuela, diciendo hay que subsidiarle al pobre, hay que darle su mercado, su educación, hay que darle todo. Pero aquí cabe la pregunta: Si el modelo era tan exitoso y tan bueno, y Chávez, un ídolo, Venezuela no estaría como está. Los recursos se acabaron. Es una película que ya vimos y que esa izquierda recalcitrante quiere instalar en América, no solamente en Colombia. Vemos, por un lado, a Evo Morales, a Daniel Ortega, por otro, en la Argentina también. La lectura es que están tratando de llegar con los gobiernos de izquierda a instalar un modelo que lo vimos también en Brasil, ¿no?
–¿Y la represión es la única forma de afrontar el actual estado de descontento social?
–Bueno, el Gobierno ha tratado de desbloquear las vías y dispersar a los marchantes a través de la Policía y del Ejército. Pero también instaló unas mesas de diálogo desde el lunes. Convocaron a distintos sectores: taxistas, trabajadores de la salud, víctimas, jóvenes, los indígenas y los invita a construir esta ruta que, de alguna u otra forma, necesitamos sacar adelante como país. Son alrededor de unas 20 mesas sectoriales que ha permitido escuchar a todos estos sectores. Evidentemente las demandas no son demandas que pueda resolver este Gobierno chasqueando los dedos porque son soluciones que a través de mucho tiempo no se han podido dar y que en un año y pico que le queda a este presidente. Son clamores que vienen de décadas atrás, cuando estamos hablando de desigualdad, de una pobreza que está llegando según las cifras a 12-13% de la población.
Otro ingrediente es que de Venezuela han entrado legalmente más de dos millones de migrantes venezolanos y estamos llegando ya casi a cinco millones de venezolanos, sumando a los ilegales, que están huyendo del régimen dictatorial de Maduro. Tenemos una frontera muy grande y los venezolanos que ingresan pasan a engrosar la informalidad.
Son los que se ven en los semáforos, vendiendo los dulces, limpiando los vidrios y también las filas de la delincuencia a través de bandas. Hemos encontrado a muchos en esas manifestaciones marchando.
–Pero los venezolanos ingresan porque el propio gobierno de Iván Duque adoptó una política de acogimiento hacia ellos…
–Total, claro, abrimos las puertas y les dijimos hagámoslo de una manera ordenada, les vamos a dar acceso a la salud, a unos bonos que da el Gobierno. Pero hay unos que son legales. Los que no se registran, no existen para el Gobierno y esto deriva en protestas porque no se les está dando lo que se les prometió.
–¿Por qué se han distanciado en los últimos días el partido Centro Democrático, que sostiene al Gobierno, y el presidente Iván Duque?
–El Centro Democrático es también un partido crítico al Gobierno.
Marcó distancia en unos temas puntuales de la reforma con los que no está de acuerdo. Pero lo que se trata de vender es que el partido de gobierno ya no rodea al presidente.
Falso. “Es desinformación decir que íbamos a gravar la canasta básica y los servicios públicos”.
En las protestas encontramos personas con otras motivaciones, preelectorales o móviles diferentes como saquear los comercios. Este tipo de violencia no le hace mucho bien a ningún país.
Hoy tenemos una cúpula paralela de las FARC delinquiendo en las montañas y con un brazo armado en el Congreso.
El clima político no está para declarar estado de conmoción interior, además estamos en un año preelectoral.
Fernando Sierra Ramos, embajador.