El Paraguay se venía destacando en la región por un crecimiento estable y sostenido, un clima de negocios favorable a la inversión y a la innovación, una moneda de libre convertibilidad respecto al dólar, tasas impositivas razonables y otros factores que, en la última década, dieron un fuerte impulso a la producción, la industria y los servicios.
En estas fechas del 2019 había asumido Jair Bolsonaro la presidencia del Brasil, lo que implicó un cambio de signo político en ese país hacia un centro-derecha que sus adversarios consideran extrema. En diciembre, la Argentina volvió al populismo con la Asunción de Alberto Fernández, acompañado como vice por Cristina de Kirchner. Mientras Brasil se encamina hacía políticas de liberalización económica (achicamiento del Estado, reducción de impuestos, privatizaciones), nuestro vecino del Sur opta por todo lo contrario: Impuestos confiscatorios, planes sociales extendidos, discriminación a provincias donde no gobierna el peronismo, promoción de dirigentes sindicales identificados con el peronismo desde los orígenes de este movimiento político.
Pero si este es el marco externo, lo que debemos discernir es el marco interno de la política paraguaya. En 1989 derrocamos la aciaga dictadura y comenzamos a vivir una vacilante democracia, pero no hemos logrado dejar atrás la herencia del stronismo. A lo largo de estas 3 décadas, la práctica política siguió atada a la conveniencia de las fracciones partidarias y no orientadas al bienestar colectivo.
¿Cuál es la razón por la cual nos resulta tan difícil caminar recto hacia un futuro de bienestar económico y solidez institucional? La Constitución que aprobamos en 1992 ha sido varias veces atacada en aspectos cruciales que buscaban poner límites a quienes se creen insustituibles y buscan perpetuarse en el Poder Ejecutivo. La otra cara de la misma moneda es un Parlamento, donde no hay límites a las reelecciones, y donde perduran mercaderes de la política. Son pocos quienes se despegan de ese estigma y no alcanzan a compensar el peso de sectores mayoritarios.
Contra viento y marea, el año pasado el gobierno modificó leyes impositivas pese al reclamo del sector privado. A la mayor carga fiscal se suma la indignación al ver que nuestros impuestos se malgastan en beneficios para funcionarios públicos que, en promedio, tienen una remuneración que duplica a la de los privados.
Por esa razón, la respuesta a la pregunta formulada más arriba podría responderse con lo afirmado alguna vez por el ex presidente norteamericano Ronald Reagan: “El Estado no es la solución: El Estado es el problema”.
