El Estado paraguayo es una ficción.
Esa fue la evaluación de un ex alto funcionario presidencial para explicar en una reunión reservada la incapacidad del aparato institucional para resolver los problemas de la gente, ya sea por corrupción, ineficacia, indolencia o negligencia. Entre resignado y derrotado decía que, aún teniendo la lapicera en la mano, las órdenes se pierden en la maraña de intereses de las diferentes facciones políticas y económicas que han secuestrado al Estado. Sectores que van desde los más poderosos hasta funcionarios de quinta categoría que ponen el palo a la rueda. Todo esto, gracias a la débil arquitectura institucional diseñada para obstaculizar o frenar los cambios y favorecer a los eternos privilegiados.
No son novedad los hechos de corrupción de las diferentes instituciones, una más canalla que otra, pero es diferente conocer los detalles, individualizar los nombres y comprender el modus operandi de quienes pervierten el Estado. Tan amplia es la metástasis de este cáncer que los pocos que cumplen su función haciendo denodados esfuerzos para mover la pesada y onerosa maquinaria son sobrepasados por funcionarios infieles y corruptos. Entonces, sucede lo peor: para qué ser responsable, honesto y eficiente, si el premio mayor se lo llevan los otros, los pícaros, los cómplices, los sinvergüenzas.
INVIABLE. De acuerdo con los acontecimientos coyunturales, hoy vemos cómo la Policía está bajo la lupa por la implicación de sus miembros con el narcotráfico. La Fiscalía no está lejos, aunque con mayor disimulo institucional: cajoneos de casos políticos calientes, demoras en las imputaciones, investigaciones débiles o directamente ofician de garroteros de los adversarios políticos de turno. No es casual que el fiscal general anterior, Díaz Verón, esté procesado por enriquecimiento y lavado de dinero, o que un ex ministro de la Corte Suprema de Justicia Óscar Bajac tenga juicio por coima.
Hoy se debate el juicio político a la fiscala general, Sandra Quiñónez. Si bien se inscribe dentro de la disputa colorada, su administración ha perdido la credibilidad y la confianza por la sumisión política y la corrupción de muchos de sus miembros que exhiben impúdicamente su dinero malhabido. Más allá del debate sobre los votos para destituir a su titular, el Ministerio Público como nunca antes ha llegado a tal degradación en la que ya no se disimulan las obediencias debidas. Si salva su pellejo solo será por la protección política de quienes quieren mantener la institución bajo sus dominios.
La Policía está en la misma situación. Mientras son cómplices de narcotraficantes, contrabandistas y cuanto delincuente circula por la República, persiguen a ciudadanos que pasean perros. Si el Ministerio del Interior y la Comandancia de la Policía no ejecutan una limpieza de sus filas, no habrá operación espectacular que lave sus rostros. Solo una purga profunda desinfectará las filas policiales.
Cada tema, cada polémica revela cuán destruidas están las instituciones. Hace poco fue el Ministerio del Ambiente que no solo demostró incapacidad para salvaguardar el ecosistema, sino ha sido parte del ecocidio, el Congreso ya ni siquiera asombra y el Poder Judicial no logra sacudirse de sus elementos destructivos. ¿No era que la inamovilidad de la Corte Suprema redundaría en mayor independencia judicial? Desde el 2009 que los ministros en forma sucesiva se autodeclaran cuasi perpetuos en sus cargos (se jubilan a los 75), pero la Justicia no ha mostrado avances significativos. Paraguay sigue siendo uno de los más corruptos del mundo y nación poco fiable para las inversiones.
Así sucesivamente en los hechos cotidianos, en la peregrinación eterna de la búsqueda de soluciones, el ciudadano siente cada vez más que ese Estado que debe proveer soluciones suena cada vez más a una invención utópica.
Funciona, claro, no para lograr las grandes transformaciones que hace décadas necesita el país, sino para confirmar privilegios y aumentar las desigualdades.
Para las élites dominantes, el Estado es una realidad.
Para el resto de los comunes, que esperan que sus vidas mejoren con mejor educación, salud, seguridad y servicios públicos de calidad, para ellos, el Estado es una ficción.
Textual
“Jussara Cabral, esposa del narcotraficante Marcus Vinicius Espindola, es accionista minoritaria de Tabesa. No tiene ninguna participación en la operativa ni en la dirección de Tabesa. Es la hija de César Cabral, nuestro finado socio, quien tiene siete herederos en la familia. Todos ellos tienen apenas un representante que ni asiste a las asambleas. El único vínculo de Jussara Cabral con Tabesa es su participación accionaria, la única relación que tiene con nosotros es la de cobrar los dividendos. No tenemos ni idea de las actividades de la pareja, nosotros nos desayunamos con la noticia”. José Ortiz, presidente de Tabesa).
Lo que hay que saber
POCO FAVOR. La elección de la presidencia de la Corte, que recayó en Antonio Fretes, generó una minicrisis. Los dos miembros liberales Ríos y Ramírez denunciaron copamiento colorado.
LIBELO. Los diputados ya presentaron las acusaciones para la destitución de Sandra Quiñónez. Casi todos los casos refieren a la protección a Cartes y a referentes políticos del cartismo.
CINISMO. El llanismo, que firmó el juicio político contra Giuzzio (enemigo de Cartes), ahora “no quieren meterse” en la interna colorada porque Sandra Quiñónez es protegida del cartismo.
CASTIGO. El caso Nacho Masulli es el retrato perfecto de la perversión institucional. La Policía, la Fiscalía y el departamento de Sicología del Poder Judicial no pueden dejar este caso impune.
