Martens destaca que el negocio del ordeño de combustible se realiza con la complicidad de instituciones como el Ministerio Público, la Policía Nacional, la Prefectura Naval y el Poder Judicial.
“Sin la autorización de los militares nadie se acerca a un barco”, explicó, para luego agregar: “El estado está presente y lo hace permitiendo o reprimiendo a aquel que no le paga”.
Según la opinión del investigador, las otras instituciones mencionadas trabajan de forma coordinada para que los combustibleros puedan hacer sus trabajos.
“No hay condenados que estén en prisión por este tipo de actividades; lo máximo que se hizo fue procesar a una gente”, agregó.
Para los pobladores de la zona de Pilar y otras ciudades aledañas, es natural ver cómo se bajan bidones de combustibles de barcos, como un hecho natural.
En el análisis que realiza Martens, que viene realizando el estudio con la universidad de Pilar hace cerca de 10 años, los llamados combustibleros acostumbran a manejarse con bajo perfil.
Por eso, afirmó que se vio sorprendido por el asesinato de Celsa Chávez, que fue emboscada junto a su marido por sicarios, luego de haber denunciado el esquema mafioso.
Las personas dedicadas a este ilícito son alrededor de 35 patrones, como revela la investigación realizada por Matens y su colega Ricardo Veloso, la que llamaron “Ilegalismos en contextos fronterizos entre Paraguay y Argentina. El caso de los combustibleros del Ñeembucú”.
En la investigación hablan de once puertos distribuidos en la vera del río Paraná, en la localidad de General Díaz y en el río Paraguay, en la ciudad de Alberdi.
“No se utiliza la expresión clandestino para referirse a estos puertos, ya que no tienen esa condición, pues su existencia es conocida, tanto por las autoridades con competencia en el lugar de ubicación, como por los pobladores”, se puede leer en una de las páginas del documento publicado en la revista de la Sociedad Científica Paraguaya.
Los expertos afirman que el Departamento de Ñeembucú se tornó un centro logístico de negocios fronterizos con destino al mercado argentino.
Señalan que este ilícito se unió a otras actividades ilegales compartiendo así la ruta con cargas de cocaína, de marihuana o de cigarrillos de contrabando.
INVESTIGACIÓN. Con respecto al crimen de la mujer, agentes de investigación de delitos y el crimen organizado de la Policía están trabajando con el fiscal Carlos Acuña para esclarecer el hecho.
Las pesquisas están en etapa incipiente, pero ya revelaron que los sicarios ultimaron con 13 balazos a Celsa Chávez, tras denunciar un día antes y dar pistas sobre el tráfico de combustible en esa zona del país.
Ayer allanaron la casa de Víctor Sotelo, pareja de la víctima fatal, de donde se incautaron de teléfonos celulares. También la vivienda de Silvano Arrúa, quien fue señalado como supuesto involucrado en el atentado.
Hermana clama por protección
Jéssica, hermana de Celsa Chávez, la mujer que fue atacada por sicarios, admitió que teme por su vida, luego de lo que le pasó en su familia, tocada por la desgracia. “Mi hermana está muerta, ahora estoy sola y pido justicia encarecidamente, por favor”, dijo casi entre llantos la mujer.
Jessica se refirió puntualmente al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, a la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, al ministro del Interior, Euclides Acevedo, y a todos los que son responsables de la seguridad ciudadana, que puedan brindarle la seguridad que no tiene.
Los primeros informes apuntan a que la víctima habría recibido amenazas por parte de miembros de un cártel que se dedica al ordeño de combustible.
Sin embargo, Jéssica, muy abatida por lo sucedido, dijo que no daría nombres. “Si no me van a dar protección, yo no voy a hablar”, resaltó.
Celsa, en una entrevista exclusiva, mencionó que el esquema de ordeño de combustible se realizaba en complicidad con agentes de instituciones responsables del control de este ilícito. “Se pagaba en los controles policiales a la gente que estaba de turno, y así funcionaba”, había mencionado a Telefuturo. JJB