01 may. 2024

El estacionamiento tarifado, una trampa ante déficit de transporte

Con el estacionamiento tarifado que se implementará en Asunción en los próximos meses, los ciudadanos se encuentran en medio de una trampa, al no haber un transporte moderno y eficiente, lo que les obliga a usar su auto y pagar para aparcar. La empresa ganará más cuanto más vehículos se usen, al igual que el Municipio. Así, el fin es meramente recaudatorio. Autoridades comunales desoyeron el reclamo de electores que se oponen a la aplicación. El ciudadano recibirá otro golpe que será como un nuevo impuesto sin sentido.

El Municipio debe cuidar el interés general antes que el particular y garantizar el bienestar de los ciudadanos a la hora de adoptar decisiones que repercuten en la vida diaria de cada uno. Brindar servicios eficientes a los pobladores de una comunidad debe ser la prioridad de los administradores comunales. La Ley Orgánica Municipal señala que el municipio es la comunidad de vecinos con gobierno que tiene por objeto el desarrollo de los intereses locales.

Uno de los principales problemas que debe enfrentar el ciudadano es la falta de un transporte público eficiente, seguro y este inconveniente afecta a ciudadanos asuncenos y también a los del área metropolitana, ya que muchos de los que trabajan en la capital residen en ciudades aledañas.

El inconveniente, indudablemente, es complejo porque el sistema del transporte público es precario y no se avizora mejoría. De día ya es complicado su uso, y de noche y fines de semana se vuelve deficitario porque disminuye la frecuencia. Se requiere de un sistema de transporte integrado atendiendo que la movilidad de personas abarca la capital y Central, por lo cual un proyecto de este tipo debe incluir a los municipios afectados y al Gobierno Central.

En medio de esta grave problemática, se implementará el estacionamiento tarifado en Asunción en los próximos meses y obligará a asuncenos y a quienes deban venir a trabajar a estudiar en la capital, o simplemente a participar de momentos de ocio en locales nocturnos, pagar para poder aparcar su vehículo, sin tener la opción de un transporte público apropiado que les libere de este nuevo golpe al bolsillo. Espantará la actividad nocturna.

El estacionamiento ordenado y tarifado, si se implementa con otras alternativas, puede ser muy beneficioso, pero cuando se carece de un sistema de transporte adecuado compele al ciudadano a utilizar su vehículo y pagar un monto determinado y se transforma en un proyecto meramente recaudatorio tanto para la empresa privada Parxin como para el Municipio.

Para la firma, cuanto más vehículos se usen o ingresen a la capital más le conviene, por lo que pueda recaudar, por lo cual también el ordenamiento del tránsito está en duda.

El pago por hora será de G. 4.500 y con patente de Asunción habrá un descuento del 50% y dos horas libres. El horario tarifado será de 07:00 a 18:00 en el centro de Asunción, Sajonia y Villa Morra. El cobro nocturno será de 20:00 a 02:00. El consorcio llevará el 65% de las ganancias. Al Municipio ingresará el 35%. Además, la empresa ganará el 40% por multas y 40% por el servicio de grúas e inmovilizadores. Independientemente de que la Comuna recibirá un porcentaje menor por el estacionamiento, sin embargo, serán montos millonarios para una institución que cuenta con una superpoblada estructura de funcionarios y operadores políticos.

También los frentistas están con incertidumbre. Los cuidacoches están divididos. Los que operan en Sajonia, en los alrededores del Palacio de Justicia, señalan que sus clientes pagan G. 5.000 por día y que no aguantarán unos G. 800 mil mensuales por el estacionamiento tarifado. Así, se quedarían sin sus ingresos, que puede generar todo un problema social. Los funcionarios judiciales también piden a la Corte detener implementación.

En este contexto, la Junta Municipal de Asunción desestimó el pedido realizado por iniciativa popular con 9.000 firmas que pretendía la suspensión del estacionamiento tarifado argumentando que no se puede omitir una sentencia judicial o, caso contrario, habría que pagar USD 15 millones, desoyendo a sus electores.

Finalmente, el ciudadano recibirá otro golpe al bolsillo que será como un nuevo impuesto.

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