A poco menos de una semana de haberse cumplido los 100 días del gobierno de Mario Abdo, el EPP aparece mostrando su mismo rostro: violencia, amenaza, muerte. Todo lo mismo. Y la reacción, discurso calcado de los sucesivos mandatarios precedentes: lucha frontal, no descanso, no habrá tregua, será una lucha de cuerpo a cuerpo... Nada de eso se vio ni se verá, eso de seguro. En el fondo, no les interesa el destino de la gente que vive dentro y fuera del campo.
Ni Nicanor, con quien aparecieron, ni Lugo, ni Cartes, ni Mario Abdo hicieron o harán algo relevante. Todo serán amagues y pirotecnia mediática. En el balance final, lo único que pesarán serán las excusas y las muertes y los secuestros.
La creación de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) había sido considerada inicialmente como un asunto provisorio y desesperado, sin mucho análisis ni estudio, pero sí con una abultada dotación presupuestaria. Sin embargo, ya pasaron cinco años de su instauración con elementos de la milicia, la Policía y la Senad (antinarcóticos) y los resultados son todo lo contrario a lo que supuestamente debían combatir y eliminar en los departamentos de Concepción, San Pedro y Amambay. Aumentó el número de secuestros, de muertes, de violencia, de ataques, de tropelías, etc... Incluso aparecieron nuevos grupos armados.
Ante el asesinato de un colono brasileño en San Pedro, una acción atribuida al EPP por la FTC a partir de testimonios de liberados y panfletos, no hace más que evidenciar que deben adoptarse otras políticas y no insistir en gastar multimillonarios recursos, seguir sometiendo a tres departamentos a un peligroso y destructivo estado de sitio y condenando a las poblaciones afectadas al –finalmente– asedio de los propios agentes de tarea conjunta que incumplen su misión, amedrentan, abusan, violentan e imponen en algunos poblados.
En este último hecho, la supuesta motivación de los delincuentes fue la tala indiscriminada y a gran escala que estaban perpetrando los retenidos y el asesinado. A juzgar por los datos y las evidencias, efectivamente el hecho estaba ocurriendo y el Estado, que debe aplicar la ley y ejercer la protección medioambiental, ni enterado. Hilando fino, en este caso el Gobierno, sus organismos y el Poder Judicial son culpables por haber dejado que el delito ecológico ocurriera y que vastas zonas estén a su suerte sin importarle el destino de territorio ni poblaciones; y por no erradicar las tropelías delincuenciales de grupos que operan fuera de la ley.
Inmediatamente, ante lo sucedido, el ministro de Defensa, el retirado militar Bernardino Soto Estigarribia, esgrimió la vieja fórmula que desempolvan cada vez que hay condicionamiento sicológico: Hay que aumentar el presupuesto a la FTC, necesita más inversión, y detalles similares. Actualmente cuenta con un fondo de gastos de G. G. 79.000.000.000 (79 mil millones). Aparte existen la Policía y las FFAA, aunque maquillan que a través de ellas reciben ese sideral monto para resultados casi inútiles.
Para ser un experimento provisorio, cinco años fueron suficientes para evidenciar que la tarea conjunta de las fuerzas no funciona. Deben potenciarse los órganos ya existentes para la seguridad.
Que el EPP siga operando es síntoma de desidia y desentendimiento de las autoridades. Lo demás es verso...
