El acceso al agua es fundamental para las condiciones de salud. Las enfermedades no surgen solo por razones biológicas. La mayor parte de las causas de morbimortalidad en Paraguay tienen determinantes sociales y uno de ellos es la falta de agua potable.
Este Gobierno nos endeudó por 1.600 millones de dólares; 530 millones para el sistema de salud y 20 millones para agua.
La primera pregunta que surge es cuál será el destino del resto de los recursos. Cómo es que frente a una pandemia ni la mitad de la deuda se destinará a fortalecer la política sanitaria.
Tanto los servicios de salud como la provisión de agua necesitan ser ampliados. Alrededor de un tercio de la población está excluida de ambos servicios. Y la que logra acceder tiene altos costos de bolsillo.
En el caso de salud, Paraguay es uno de los países con mayor gasto por parte de las familias, lo que conlleva una automática exclusión. Quien no tiene dinero no usa el sistema cuando necesita. Los que tienen un entorno solidario consiguen organizar con parientes y amigos polladas, rifas y otras actividades para financiar su tratamiento.
En ambos casos, servicios de salud y agua, la segunda prioridad debe ser la calidad. La falta de insumos y medicamentos y la contaminación del agua impiden que las familias accedan a los servicios que necesitan y con la calidad requerida.
Finalmente, la prioridad debe ser la eficiencia. El costo de los servicios debe estar dentro de la racionalidad económica. Esto implica no solo reducir la corrupción, sino también mejorar los procesos de compra.
El endeudamiento eleva los costos, por lo que lo racional y justo es financiar con recursos genuinos; es decir, con impuestos.
Las autoridades asumieron el compromiso de respetar los lineamientos constitucionales, entre los cuales está el derecho a la salud.
Los funcionarios cobran salarios y bonificaciones con recursos provenientes del bolsillo de los contribuyentes. Ellos se deben a la gente; por lo tanto, deben analizar lo que está pasando en el sector y plantear los cambios urgentes que se requieren para ampliar la cobertura y la calidad y reducir la ineficiencia.
La salud es un derecho humano establecido en múltiples compromisos internacionales y en nuestra Constitución. En términos económicos, tiene altas externalidades positivas, por lo que debe estar a cargo del Estado. Por esa razón, la salud es una competencia del sector público.
Ojalá esta pandemia sirva de lección para entender que no podemos continuar viviendo en la precariedad absoluta teniendo un país que está entre los primeros productores de bienes estratégicos para el mundo y que el financiamiento de la política de salud no puede ser por la vía del endeudamiento, sino del sistema tributario, para que los fondos sean permanentes.