En su extenso escrito ataca la resolución del 14 de febrero pasado del juez Yoan Paul López, y el fallo del 28 de febrero del Tribunal de Apelación Penal, Cuarta Sala, que ratificó la medida cautelar.
La presentación fue hecha por los abogados defensores Guillermo Duarte y Santiago Lovera, en representación del legislador procesado por supuesto enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y declaración falsa.
Según la acordada de emergencia sanitaria, la Corte no está afectada por la suspensión de actividades, y permite expresamente la presentación de acciones y excepciones derivadas del fuero Penal.
El principal argumento sobre el cual Cuevas basa toda su inconstitucionalidad, es que los parlamentarios tienen inmunidad de detención desde el día de su elección hasta el día de la conclusión de sus funciones.
La defensa sostiene que los mismos tienen inmunidad de proceso, de opinión y de detención, las cuales deben ser retiradas por sus pares, en el caso de Cuevas, por los diputados. Alega que solo lo desaforó para el proceso.
PRISIÓN. Apunta que la detención a la que se refiere la Constitución es a la privación de libertad, que se da con la prisión preventiva que se dictó. Hace un historial pasando por todas las constituciones, desde 1870, 1940, 1967 y la de 1992.
Dice que con su detención se genera una alteración de la representatividad en la Cámara de Diputados y que no puede ser interinado por el suplente ya que estos ingresan solo por muerte, renuncia o inhabilidad.
Asimismo, apunta que la resolución dictada por los camaristas era arbitraria ya que los camaristas simplemente argumentan que la resolución del juez cumplía con las formas procesales.
“No evaluó mínimamente los distintos tipos de inmunidades establecidos por la Carta Magna, tampoco si es correcto considerar a la inmunidad de proceso como inmunidad de detención”, argumenta la defensa.
Añade que la Cámara “no realizó el análisis mínimo de cada uno de ellos, simplemente se valió de formulaciones generales para sustentar su posición a favor de la confirmación del fallo recurrido, relegando a nuestro representado a un verdadero estado de indefensión”.
En su acción, requiere que se traiga a la vista el expediente para confirmar sus dichos. Además, requirió la suspensión de las resoluciones mientras dura el estudio de la medida cautelar. De esta manera, pide su libertad.
Cuevas está procesado junto con su hijo Enzo Cuevas y su esposa Nancy Florentín de Cuevas. Una tercera coprocesada falleció durante el proceso penal.
Ahora, la Sala Constitucional deberá evaluar la acción que promovió el legislador, pese a la emergencia sanitaria decretada.