En una alocución al país, el mandatario de derecha acusó al dirigente indígena Leonidas Iza, artífice de las manifestaciones, de solo defender “sus intereses políticos” y afirmó: “No vamos a negociar con quienes mantienen a Ecuador como rehén”.
La poderosa Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), que dirige Iza, respondió acusando a Lasso de “autoritarismo, falta de voluntad e incapacidad” y dijo que deberá responder por “las consecuencias de su política belicista”.
En la madrugada un grupo de militares y policías que protegía un convoy con combustible fue atacado por manifestantes con “lanzas y armas de fuego” en la Amazonía, según las autoridades.
El ataque dejó un militar muerto y doce heridos, incluidos cinco policías.
CRUCE DE ACUSACIONES. Un segundo día de conversaciones entre la Conaie y una delegación del Ejecutivo liderada por el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, fracasó cuando la representación oficial no se presentó.
“Ustedes merecen más que un oportunista como líder (...) Es un acto criminal jugar con la vida de inocentes. El país ha sido testigo de todos los esfuerzos que hemos hecho para entablar un diálogo fructífero y sincero”, añadió Lasso, un ex banquero que asumió el poder hace un año.
“Fue un ataque brutal (...) Pero ¿cómo podemos saber si realmente salió o no salió de los manifestantes?”, se preguntó Iza. Tras el anuncio de Lasso, centenares de indígenas volvieron a la carga en Quito. A su paso los comercios cerraban. “Lasso no rompe con Leonidas, rompe con el pueblo”, dijo la Conaie.
Los indígenas y el gobierno sostienen un tire y afloje desde hace más de dos semanas, sin llegar a acuerdos para desactivar la crisis.
EXIGENCIAS. El elevado costo de vida alimentado por el incremento de precios de combustibles empujó desde el 13 de junio a las calles a unos 14.000 manifestantes, la mayoría en Quito para exigir medidas que amortigüen el golpe económico en la producción agrícola y la canasta básica.
Con marchas festivas, cortes de ruta, violentos choques entre la fuerza pública, los indígenas presionan al impopular presidente, que arrastra un 17% de aceptación.
Acosado también por un debate en curso de destitución en el Congreso, Lasso cede a cuentagotas ante los reclamos de los manifestantes, que los consideran insuficientes.
Redujo los precios de los combustibles, aunque no en la proporción que pedían los manifestantes; concedió una moratoria de deudas hasta por 3.000 dólares para los campesinos y levantó el estado de excepción, bajo el cual los militares salieron de los cuarteles en seis de las 24 provincias del país y se impuso un toque de queda en Quito.
En medio del estallido social, el Parlamento discute desde el sábado la posibilidad de destituir al mandatario, a quien un sector de la oposición considera responsable de la “grave crisis política y conmoción interna” que vive Ecuador.
Más de 80 diputados participaban el martes en la tercera jornada de deliberación. Tras el debate, tienen un máximo de 72 horas para votar.
La destitución del mandatario requiere 92 de los 137 apoyos posibles en el Congreso. La oposición quiere “asaltar la democracia (...) hago un llamado a defender al país de este intento golpista”, declaró Lasso en un video publicado en Twitter.