19 ago. 2025

El contralor pone trabas y protege al senador Amarilla

En la mira.  García (izq) se niega a hacer su trabajo.

En la mira. García (izq) se niega a hacer su trabajo.

El contralor general de la República, Enrique García, ahora se niega a realizar la correspondencia de bienes del senador del PLRA, Dionisio Amarilla.

Desde agosto pasado la Contraloría General de la República venía asegurando que no tenía ningún estudio de correspondencia del patrimonio del legislador, pero luego de que fue descubierto que mintió ahora pide orden judicial para hacer una de las pocas tareas para la cual García fue designado en la institución.

El viernes pasado, García, a través de una conferencia de prensa, aseguró que no recibió pedido alguno con respecto a la correspondencia de bienes del senador en el marco de la denuncia realizada en su contra por los supuestos hechos punibles de enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias.

“No tenemos pedidos con relación a Amarilla, tenemos una línea de actuación en el término de provisión de declaraciones juradas que otros agentes fiscales utilizan como un camino, no sé si acordado o no, pero para nosotros es cumplimiento de la ley”, remarcó.

Sin embargo, a través de un comunicado y documento la Fiscalía mencionó que el 6 de agosto de 2018 requirió a dicha institución que informe si los bienes denunciados pertenecen al legislador como bienes declarados y si corresponde con sus ingresos legítimos.

Ante esta situación, el contralor quien no explicó por qué mintió al decir que no tenía tal pedido, ahora insiste con que solo por orden judicial podrá verificar los documentos de Amarilla para saber si se enriqueció o no ilícitamente. Estos documentos están en poder de la esposa del senador, Analy Valiente, ya que la misma es la directora de Declaraciones Juradas de la CGR.

INVESTIGADO. El 28 de setiembre pasado, la fiscala Adjunta de Delitos Económicos y Anticorrupción, Soledad Machuca, decidió abrir una investigación penal contra Amarilla, quien había sido denunciado por los hechos punibles de enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias, por la Coordinadora de Abogados del Paraguay (Coapy) que presentó la denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción.