El presidente de la compañía alimenticia Nestlé, Peter Brabeck-Letmathe, declaró en 2005 que de las dos maneras posibles de considerar al agua, él prefiere aquella que la supone “un producto alimenticio como cualquier otro”, con un valor de mercado, por lo que “es mejor darle precio”. Vale decir que la otra manera de verla es, según sus propias palabras, esa visión “que yo considero extrema... que quiere declarar al agua un derecho humano”.
El cinismo y el oportunismo de las empresas que se sirven del líquido como forma de acumulación del capital están reflejados en esta declaración de principios. Sobre todo cuando se piensa en un país como Paraguay, en donde solo el 50% de la población accede a agua potable, con tres acuíferos con una superficie sumada de 170.000 km², de los que empresas de diversa índole generan su renta, sin pagar costos relativos a la materia prima.
El libro El agua: ¿bien común o mercancía?, publicado hace unos días por BASE-Investigaciones Sociales, de Guillermo Ortega y Ana Portillo, es una rigurosa muestra del impacto socioambiental que la concepción mercantil de ese bien natural escaso inflige al Paraguay. Su privatización total o parcial bajo diferentes formas –que no excluyen la enajenación de territorios enteros–, es una política impulsada por el Banco Mundial, quien logró que para alcanzar los (fracasados de antemano) Objetivos del Milenio de la ONU, se contemplara que quienes deseen obtener ayuda internacional para “la reducción de la pobreza”, se abstengan de usarla, en el marco de reformas neoliberales, para el mejoramiento de los servicios de agua. Porque a ello se dedicarían las empresas privadas... cuando no la estuvieran contaminando o lucrando con él.
En el caso paraguayo, resaltan algunas cuestiones paradigmáticas: La “ventaja competitiva” que los sojeros, arroceros y demás consiguen con el agua, mientras degradan el medio ambiente y envenenan a la gente; que las embotelladoras de las más diversas marcas (nacionales y multinacionales) obtienen gracias al acuífero Patiño; que las aguateras logran utilizando una materia prima por la que no asumen costos; proviene de un subsidio estatal tácito (por omisión) para el enriquecimiento de un sector que incluye, por ejemplo, a las empresas de Horacio Cartes, cuyo gobierno en octubre de 2013 decretó la flexibilización de la normativa ambiental de 1993 para que actividades antes prohibidas puedan ser realizadas en el marco de la Ley de Alianza Público-Privada (promulgada casi al mismo tiempo que la otra), que habla de “abastecimiento de agua potable y saneamiento”, entre otras posibilidades de negocios por encima del bien común. Y por encima de la Ley 3239/2007, “De los Recursos Hídricos del Paraguay”, cuyo artículo 3º, inciso b, dice: “El acceso al agua para la satisfacción de las necesidades básicas es un derecho humano y debe ser garantizado por el Estado, en cantidad y calidad adecuada”. Habla de derecho humano. Inalienable: ni por el Estado ni por las empresas.
Hace tiempo que la agroexportación y la industria de las bebidas deben pagar onerosos impuestos por el agua de la que se apropian para luego convertirla en granos para alimento de ganado y aves, o en gaseosas y cervezas intomables.
