El 61 % de los brasileños cree que Rousseff sabía sobre la corrupción en Petrobras y dejó que ocurriese; el 23 % considera que la presidenta era consciente pero no podía hacer nada para evitarla; el 10 % dijo que la mandataria “no sabía”, mientras que un 6 % no supo que responder.
Del grupo de entrevistados que declaró haber votado por Rousseff en la segunda vuelta de las elecciones de octubre, el 74 % subrayó que la presidenta sabía sobre el esquema de corrupción, mientras que ese porcentaje asciende al 94 % entre los que votaron por el senador opositor Aécio Neves, del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB).
Cuestionados sobre una eventual privatización de la petrolera, el 61 % de los entrevistados se posicionó en contra, el 24 % defendió su venta, el 5 % se mostró indiferente y el 10 % no supo responder.
Los datos muestran que una eventual venta de la petrolera sería rechazada por la mayoría de los brasileños, independientemente del nivel de renta, edad y escolaridad, y en todas las regiones del país, a pesar de las diferentes inclinaciones políticas.
Asimismo, el 88 % de los entrevistados consideró que la corrupción en la petrolera perjudicará a Petrobras, la mayor empresa de Brasil y responsable de una parte significativa del Producto interior bruto (PIB) brasileño.
Datafolha entrevistó a 2.842 electores el lunes y el martes de esta semana, después de la masiva manifestación que el domingo llevó a las calles de todo el país a cerca de dos millones de personas para protestar contra la corrupción y la gestión de la presidenta Dilma Rousseff.
Durante la marcha del pasado domingo, algunos grupos minoritarios también pidieron la destitución de la mandataria, mientras que algunas voces aisladas reclamaban una “intervención militar”.
Según una encuesta divulgada esta semana, la corrupción en la empresa estatal fue el principal motivo de indignación de del millón de manifestantes reunidos el domingo en Sao Paulo, la marcha más multitudinaria según datos de la policía.
De acuerdo a la Fiscalía, las empresas acusadas de los desvíos de Petrobras obtenían contratos amañados con la petrolera; inflaban los valores de los mismos y se repartían parte de esa diferencia con directivos de la firma estatal, al tiempo que otra parte era entregada a los políticos que amparaban esas maniobras.
A lo largo de las investigaciones, la policía arrestó a decenas de ejecutivos de importantes empresas y a cinco ex altos cargos de Petrobras, dos de los cuales se confesaron culpables y han delatado a otros presuntos implicados a cambio de una reducción de condena, y además ha abierto investigaciones a 50 políticos.
