De acuerdo con el informe, solo por actividades mineras y de extracción petrolera están en riesgo el 22% de esas zonas, lo que representa unas 87 millones de hectáreas de la región amazónica.
El estudio se basa en un análisis que identifica las presiones y amenazas enfrentadas en la Amazonía por intervenciones en infraestructura de transportes (vías), energía (hidroeléctricas) e industrias extractivas (minería y petróleo), además de controlar la frecuencia de quemas y deforestación de la región.
Elaborado por la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (Raisg) -un grupo técnico formado por organizaciones de seis países de la región amazónica (Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela)- el informe fue divulgado en Brasil por el Instituto Socioambiental (ISA), una de las ONG que hacen parte de la red.
El análisis señala que las industrias minera y petrolera son las que más pesan en la “panamazonia”, es decir, en los territorios protegidos por leyes nacionales y que además de Brasil abarcan otros ocho países (Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Guyana, Surinam y Guayana Francesa), que juntos tienen proyectos que pueden afectar 208 millones de hectáreas de esta región.
Aunque las amenazas incluyen las actividades de minería ilegal, presentes en toda la región, el estudio destaca que los riesgos también provienen de proyectos extractivos que han sido avalados por los Gobiernos, muchos de los cuales se han puesto en marcha sin la debida consulta a las poblaciones afectadas.
La lista la encabeza Brasil, con proyectos extractivos en desarrollo o por implementar, que superan los 117 millones de hectáreas, de los cuales la minería abarca más de 108 millones de hectáreas.
Le siguen Perú y Colombia con proyectos de la industria extractiva que abarcan unos 21 y 20 millones de hectáreas, respectivamente.
En lo que se refiere a las vías de transporte, de los 136.000 kilómetros mapeados en la región por la Red, aproximadamente el 20% (26.000 kilómetros) se superponen con áreas naturales protegidas y territorios indígenas.
De acuerdo con el informe, existe una conexión directa entre la expansión de las vías y la eliminación de la vegetación nativa.
La investigación Space-time dynamics of deforestation in Brazilian Amazonia, citada en el estudio, señala que la mayor parte de la deforestación en Brasil se produce en la proximidad de las carreteras.
“Otros países, como Perú, están ahora evaluando las consecuencias de la reciente construcción de importantes vías, como la Interoceánica Sur, concluida en 2010. Y áreas anteriormente no afectadas de la Amazonía están experimentando ahora un boom de nuevas carreteras, como es el caso de Colombia y de Bolivia”, complementa.
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Para el caso de Colombia, el informe señala que tras la firma del acuerdo de paz los guerrilleros de las FARC dejaron de ocupar puntos de entrada estratégicos en la selva amazónica, y como en esas regiones la presencia del Estado es “casi nula” se ha facilitado una “rápida apertura de nuevas rutas y la formalización de otras” construidas antes del acuerdo por ese grupo subversivo.
En cuanto a Bolivia, cita las amenazas que enfrenta el Parque Nacional y Territorio Indígena Isiboro Sécure (TIPNIS), una de las 22 áreas protegidas nacionales y que abarca 1,3 millones de hectáreas.
Según el estudio, esta reserva ambiental, en la que viven 12.000 habitantes de los pueblos indígenas entre Mojeños, Yuracarés y Chimanes, está amenazada por la expansión de las plantaciones de coca y la construcción de la nueva carretera Villa Tunari que atraviesa el núcleo del territorio para conectar los departamentos de Cochabamba y Beni.
Otro riesgo para la región proviene de proyectos energéticos. Según el informe, de las 272 grandes centrales hidroeléctricas de la Amazonía que se encuentran en planificación, construcción u operación, 78 están dentro de los territorios indígenas y 84 están en conflicto con áreas naturales protegidas.
